Más de 5.300 personas fueron muertas en México por el crimen organizado en 2008, el doble de las que cayeron el año anterior. La causa es la lucha entre los distintos carteles del narcotráfico por las rutas que llevan al mercado norteamericano. Pero también es resultado de los combates que ejecutan 40 mil efectivos del ejército mexicano, comprometidos en una campaña que se despliega en nueve estados, incluyendo a Michoacán y Guerrero, con eje en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua.
En estos Estados, el narcotráfico parece haber controlado en gran parte a los gobiernos locales –a través de su penetración en las policías estaduales y municipales–, al punto de ejercer un dominio territorial, sobre todo en el Triángulo Dorado. El ejército mexicano se encuentra así comprometido en un conflicto interno de baja intensidad, en que su antagonista es el crimen organizado, y que se desarrolla primordialmente en las regiones sudeste y fronteriza con Estados Unidos.
Entre 2001 y 2008 se denunciaron en México 5.140 secuestros. Sólo uno de cada cuatro de estos delitos es informado a las autoridades, por lo que su número real superaría los 20 mil. Las bandas de secuestradores están constituidas en más de un 90% por policías y ex policías.
La importancia estratégica del crimen organizado parece estar en México en relación inversa a la debilidad del Estado, sobre todo en materia policial y del sistema de justicia. De ahí que la respuesta a este desafío estratégico, antes que en el terreno militar, resida en el fortalecimiento del Estado; y la reforma de su sistema de seguridad y judicial es el núcleo de su reconstrucción.
Las fuerzas policiales ascienden en México a 1.661, en los niveles federal, estadual y local, y suman 250 mil efectivos. La Policía Federal, encargada de enfrentar al crimen organizado, tiene 8 mil. La calificación de los 250 mil policías surge de un entrenamiento promedio de cinco meses, y sus salarios, en más de un 90%, se encuentran bajo los niveles de pobreza.
Felipe Calderón asumió como presidente el 1° de diciembre de 2006, tras ser elegido el 2 de julio como el mandatario con menos votos de la historia mexicana y lograr el mínimo de los triunfos como abanderado del Partido de Acción Nacional (PAN), con 35,88% (14,9 millones de votos) frente a 35.31% (14,7 millones) del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés López Obrador, que desconoció su victoria.
El resultado profundizó la crisis del sistema político vigente tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó en forma ininterrumpida durante 72 años y 11 presidencias. Lo que surgió fue un presidente débil (Vicente Fox/PAN) y un Congreso dividido en tres tercios (PAN/PRI/PRD), ninguno de los cuales podía imponer su agenda, pero estaba en condiciones de vetar, al sumarse a uno de los otros dos, al tercero.
Los seis años de parálisis política que se sucedieron tras el colapso del “sistema PRI” permitieron al crimen organizado controlar gran parte de los poderes locales de la frontera con Estados Unidos y del Triángulo Dorado.
Estados Unidos cerró en esa etapa el acceso de cocaína al mercado norteamericano a través de la ruta del Caribe; y desde entonces, más del 90% de la cocaína que ingresa a Estados Unidos pasa por territorio mexicano.
Felipe Calderón tomó, tras asumir el 1° de diciembre de 2006, dos decisiones estratégicas: extraditó a Estados Unidos a 83 jerarcas del narcotráfico, incluyendo al líder del cartel del Golfo de México. Mostró así su decisión de no pactar: “quemó las naves” y ordenó al Ejército y a la Armada tomar el control de la policía en cinco Estados, y lanzar sus unidades en una campaña contra el crimen organizado.
La respuesta del narcotráfico fue dejar atrás el gansterismo tradicional que opera con sicarios especializados, y utilizar tácticas de guerrillas, con un armamento que incluye misiles, lanzacohetes y helicópteros de ataque.
Los “Estados fallidos” son aquellos en que los conflictos internos alcanzan una intensidad que no puede ser procesada por los sistemas políticos; y provocan la desintegración o implosión, incluso súbita, de las estructuras estatales.
La proximidad de esta situación se revela cuando las autoridades se muestran pasivas o inermes frente a la intensificación de los conflictos internos; y la reversión del colapso en ciernes se logra cuando el poder político, aun debilitado, toma la iniciativa y actúa.
En México había hasta 2007 una desintegración creciente del Estado por la acción del narcotráfico. Ahora hay una guerra interna de baja intensidad desatada por iniciativa del Estado.
