El Poder Ejecutivo ha firmado un controvertido Acuerdo de Cooperación con China que ya fue ratificado por el Senado, con modificaciones, y que será tratado en Diputados al reiniciarse las sesiones. El acuerdo contiene artículos sobre el otorgamiento de obras públicas, inversiones de empresas chinas para exportar a su país y el compromiso de facilitar el ingreso de ciudadanos chinos. Este último tema está reflejado en el artículo 6 y constituye una explicitación de la decisión del Poder Ejecutivo de promover la inmigración china como lo hiciera en 2004 con la inmigración latinoamericana a través de la Ley 25.871 y de los Acuerdos de Patria Grande. Esta es la única interpretación que puede darse a los términos en los cuales está redactado el artículo 6 cuando dice que se otorgará a los nacionales chinos las facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, como empleados o por cuenta propia en condiciones de igualdad con los nacionales. La segunda parte del párrafo agrega “siempre que se hubieran concedido los permisos de residencia y de trabajo para el ejercicio de dichas actividades”.
La aclaración parece superflua porque al explicitar la obligación de facilitar el ingreso de los ciudadanos chinos para trabajar en el país por cuenta propia o como empleados asume también el compromiso de otorgarle la residencia. No puede haber lo uno sin lo otro. La primera cláusula es la principal y la segunda es deductiva; cualquier negativa a otorgarle la radicación podría ser interpretada como un rechazo o incumplimiento del acuerdo. Es difícil creer que haya sido ingenuidad, tampoco puede aducirse ignorancia: la redacción del artículo es amplia y no enumera ninguna condicionalidad. Si bien el acuerdo contiene el principio de reciprocidad, en realidad su aplicación es mano única.
La redacción tampoco está limitada a las obras de infraestructura que se otorgarán a las empresas chinas en virtud del artículo 5 como se cuestionó durante la discusión en el Senado. El artículo 6 cubre todas las actividades económicas en forma dependiente o independiente, no está limitada al empleo por empresas chinas, y en consecuencia aparece como probabilidad cierta que se adoptó una decisión política de promover esta inmigración. Quizás algunos hayan pensado que los inmigrantes chinos vendrán imbuidos del espíritu revolucionario y harán un aporte significativo al proceso nacional y popular; su mayor productividad y conciencia proletaria podrían llegar a constituir un aporte decisivo a la transformación del país.
La Argentina ha recibido en las últimas décadas inmigración china que entró al país legal o ilegalmente. Los primeros lo hicieron con visas de turistas o técnicas otorgadas por los consulados argentinos que aceptaban sin ninguna verificación la documentación suministrada por asociaciones chinas o por las Cámaras de Comercio. Una vez en el país, otros organismos siempre desinteresados e invocando “derechos humanos” se encargaban de “facilitar” los trámites de radicación a través del Poder Judicial y la Dirección de Inmigraciones. En los años 90, la Argentina era un país de tránsito porque munidos del pasaporte argentino no necesitaban visas para proseguir a los Estados Unidos. Una vez que los Estados Unidos reimplantaron el requerimiento de las visas, los chinos optaron por quedarse en el país. Este esquema constituyó un negocio privado muy rentable calculado en millones de dólares. Las autoridades nunca tomaron medidas para enfrentar este esquema de corrupción. Los inmigrantes que ingresaron ilegalmente encontraron también la protección de abogados displicentes y una interpretación favorable de la legislación en el ámbito de la Justicia reforzada ahora por medio de este acuerdo.
El artículo 6 legaliza la inmigración china en un nivel de igualdad con la de los países vecinos. Este es un Convenio bilateral que identifica al grupo inmigratorio. Con este acuerdo, la Argentina ha cedido a una antigua demanda de la diplomacia china que acusaba a la Argentina de implementar una política xenófoba contra la inmigración de sus ciudadanos o el resto de Asia mientras favorecía sólo el ingreso de latinoamericanos. Con esta decisión la Argentina asume un importante desafío. No cabe duda de que China aumentará sus presiones, brindará a sus nacionales apoyo económico y protección en circunstancias donde la Argentina aparece dependiendo cada vez más de la asistencia financiera de ese país.
*Embajador.
