Las campañas electorales son una oportunidad para que los candidatos presenten a la sociedad sus propuestas de cómo atender los problemas y las demandas de los ciudadanos. Estos problemas y demandas se relacionan, en general, con algo que no funciona bien en la dimensión económica, social o institucional de la sociedad; y cualquier intento por corregirlo debe venir necesariamente de la política. Corresponde a los ciudadanos evaluar las propuestas de los candidatos para decidir con su voto cuáles aceptan y cuáles rechazan; pero para que esa evaluación sea posible se necesita que las propuestas sean de fácil comprensión, ya que muchas veces no queda claro hacia dónde apuntan.
Es lo que ocurre, por ejemplo, frente a las propuestas que hablan de bajar la edad de imputabilidad para poder juzgar a los jóvenes a partir de los 14 años. En principio puede pensarse que se está apuntando al tema de la inseguridad, dado el incremento del número y de la gravedad de los delitos que se cometen a diario, los que no siempre son registrados adecuadamente por las fuentes oficiales. Pero si confiamos en los registros de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, según los cuales del total de delitos cometidos en esa provincia durante el 2012, sólo un 4,3% tiene como autores a menores, no parece sensato pensar que la propuesta del candidato apunte al problema de la inseguridad. Si ese fuera el problema que le preocupa, su propuesta no podría evitar decir qué piensa hacer respecto de los delitos cometidos por mayores de 16 años que, en ese año y en esa provincia, comprenden nada menos que al 95,7% de los casos.
Dado que esta propuesta no parece dirigida al problema de la inseguridad, se requiere de un esfuerzo de imaginación para entender hacia dónde apuntan los candidatos. Quizás lo que les preocupa sea la situación de esos menores, y lo que su propuesta busca en realidad es que el Estado tome a su cargo la reparación de una falla del funcionamiento de la sociedad que los llevó a cometer delitos. De ser así, y pese a la poco feliz expresión que habla de imputar en lugar de recuperar, lo que se estaría proponiendo no sería un castigo para los menores, sino un mecanismo de rescate de los mismos desde un medio social poco propicio, para incorporarlos a instituciones que se encargarían de resocializarlos a través de la internalización de normas y pautas de comportamiento que, cumplido el proceso de reeducación, los devolvería a la sociedad con una claridad de valores y una fortaleza de voluntad adecuadas para reencauzar sus vidas.
Pero si este esfuerzo de imaginación tuviera algún viso de realidad, hay algunos reparos para hacerle, al menos en dos direcciones: 1) se estaría ocupando sólo de un grupo minoritario dentro de los menores de 16 años (unos 29.550 delinquieron en 2012) sin preguntarse qué pasa con la mayoría de esos menores que no ha delinquido, pero que muy posiblemente se encuentren en situación de riesgo; y 2) tampoco dice nada en cuanto a qué hacer con otros cientos de miles de jóvenes que no cuentan con incentivos para seguir estudiando ni posibilidades de insertarse al mercado de trabajo (los “ni-ni”, unos 650 mil), que son firmes candidatos a conductas desviadas, y por lo tanto merecedores también ellos de ser repatriados al seno de la sociedad que los ha abandonado a su suerte.
Todos esto muestra la necesidad de que los candidatos tomen en serio las campañas electorales y que antes de lanzar propuestas con cierta liviandad, comiencen por tener un buen diagnóstico de los problemas, esto es, de sus verdaderas dimensiones y de su articulación con otros fenómenos que los potencian. Y sobre todo, que haya coherencia entre el problema diagnosticado y las medidas que se proponen para atenderlos.
*Sociólogo. Club Político Argentino.
