Nuestros jueces deben ser independientes... pero ¿de quién? Sectores críticos del gobierno de turno denunciaron que candidatos a jueces y fiscales de todas las instancias (subrogantes y conjueces, inclusive) no garantizan que se desempeñarán con independencia del oficialismo.
Desde el discurso afín al Gobierno responden criticando que quienes así opinan olvidan, quizás adrede, la importancia de garantizar que jueces y fiscales no sean influenciables por el “poder fáctico” (económico; religioso; mediático), que rara vez pierde el turno. Es casi el slogan del colectivo oficialista Justicia Legítima.
Llamemos independencia a la capacidad que deben tener jueces y fiscales para tomar decisiones en los casos que llevan sin injerencias del poder político (oficialismo y oposición). Varios escándalos mediáticos sugirieron este problema: la servilleta de Carlos Corach; el viaje compartido entre un juez de la Corte estadounidense y el vicepresidente de Bush; la cercana relación de Eugenio Zaffaroni y Amado Boudou.
A la vez, digámosle imparcialidad a la posibilidad de que los jueces decidan sin presiones de cualquier otro individuo, grupo u organización que sea parte en un caso ante sus estrados o que, aun sin serlo, pueda pujar por algún interés particular o sectorial. También hubo denuncias de este tipo: contra el juez Baltasar Garzón, en España, por recibir fondos de un banco a cuyos directivos luego exculpó; contra uno de los jueces del caso Clarín, por haber ido a un viaje pago por una entidad ligada al grupo.
Así entendidas, independencia e imparcialidad serían géneros de la misma especie: apuntan a que el juez no tenga sesgos ni padezca injerencias indebidas al decidir, algo que todos entienden deseable.
Pero ahí se acaban las similitudes: al distinguir según el tipo de actor de quien provienen las presiones –político o fáctico– se advierte que son problemas diferentes y que amalgamarlos dificulta hallarles antídoto.
Primero, hay diferencia en la cantidad. Los gobiernos tienen interés en una gran porción de las disputas que llegan a los estrados más altos, sean “parte” en ellas o no. Los otros actores poderosos, en cambio, sólo se interesan en asuntos que les conciernen más directamente.
Segundo, cada juez está en una situación especial frente a los líderes políticos porque son éstos quienes intervinieron en su selección y nombramiento, y quienes pueden llegar al extremo de removerlo del cargo. Los poderes fácticos cuentan con recursos extorsivos sin dudas más limitado. Más aún, la presión máxima que puede recibir un juez de parte de éstos ocurre cuando ambos actores pactan y el poder político pone sus herramientas de presión al servicio del fáctico. Un grupo empresario no puede nombrar ni remover jueces; si lo logra será transando con el poder político y por su intermedio. Esto demuestra que la muy sensata preocupación por los poderes fácticos, a la vez de llamar la atención sobre la imparcialidad, en realidad refuerza nuestras razones para custodiar la independencia.
Contrapuntos aparte, la discusión tiene un gran mérito: puso la lupa sobre situaciones problemáticas no siempre evidentes y que, en general, no fueron adecuadamente atendidas. Debatirlas es una bendición de la época.
Sin embargo, dos formas de plantear la cuestión deben refutarse. Cuando alguien aduce, evaluando a un candidato a juez, que exhibe problemas en un aspecto A es falaz contra-argumentar que quien critica no presta atención al aspecto B. Un candidato no salva sus carencias en A demostrándose ejemplar en B: son virtudes distintas que deben satisfacerse por separado.
Igualmente falaz es enunciarla en disyuntiva: ¿es más importante que los jueces sean independientes o imparciales? Así planteado caemos en un falso dilema, porque nada de lo que hace a un juez independiente socava su imparcialidad y viceversa. Dado que no es necesario resignar nada en una para lograr la otra, bien podemos buscar las dos.
*Profesor de Derecho de la Universidad de San Andrés.
