Pedir un examen psicofísico de un juez de la Corte Suprema de Justicia fuera del marco legal (en el que un examen de ese tipo se inscribe) de un juicio político, tal como establece nuestro sistema jurídico, configura un severo error jurídico porque configura una medida de prueba sin asidero, (fuera de un proceso legal que la justifique y le dé legitimidad, o al menos sentido); realizado en el marco de una discusión política –en un año electoral– que poco o nada (y precisamente por eso es improcedente) tiene que ver con el desempeño de Carlos Fayt como juez de la Corte. Atacar –vilipendiar– al juez Fayt es inútil y es nocivo para la democracia.
Fayt no representa (ni por su edad ni por ningún otro motivo) ningún peligro y tampoco ningún riesgo para la democracia o el buen desempeño de la Justicia. Su presencia es fuente de inspiración para muchos juristas y no carece de principios y una sólida formación académica, de la que muchas generaciones son herederas.
Idoneidad, en consecuencia, le sobra, la edad no es un demérito (ni un mérito) per se. Tampoco se puede asimilar su actividad a la de una persona más joven como “parámetro”. A los 97 años Fayt se desempeña como juez. No tiene por qué hacerlo como si no tuviera esa edad. Si Fayt firmó o no firmó una sentencia en su casa, por su edad, no deslegitima su firma (si es suya) ni el sentido de la misma. Su espíritu es claro y eso es lo que debe primar. No hay tampoco falsedad ideológica. Ponerse “formalista” en el cumplimiento de ciertos requisitos formales (menores) puede ser justamente una forma de tapar lo esencial; el “fondo” que no se puede cuestionar es el desempeño de Fayt como juez (por eso no es procedente ningún juicio político, porque su desempeño no es cuestionable); Fayt ha dedicado su vida a la Corte Suprema con una entereza admirable, con una dignidad encomiable que ningún formalismo puede desmentir a los 97 años. Dicho esto –y dejando asentado el nivel de respeto que nos merece su figura y nuestro desacuerdo con cualquier “examen” o medida de prueba debida a su “avanzada edad”– pasemos a mostrar una opinión propia que hace al “fondo” de su actividad como juez de la Corte.
La mayor crítica que se puede hacer a Fayt es su disidencia penosa (y solitaria) en el caso Simon, cuando Fayt (retomando una doctrina que desmiente la preeminencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos) se opuso a la derogación de las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final), cuya declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema (Fayt entendió que había “cosa juzgada”) permitió (re)abrir el capítulo más importante –en términos jurídicos, en lo que coincidimos con Gargarella– de la historia constitucional argentina: los juicios de derechos humanos por los atroces crímenes –de lesa humanidad– cometidos durante el Proceso.
El problema, en concreto, es que la disidencia penosa y retrógrada (respecto del Sistema Interamericano) de Fayt en el trascendente caso Simon (disidencia que tanto disgustaba a Eduardo Luis Duhalde) es lo que muchos (conservadores, que se oponen y se opusieron siempre a los juicios de derechos humanos por ser una forma de “volver al pasado”, de “revancha”, etc.) consideran paradójicamente su forma de defensa de la “República” y las “instituciones”. Esta es la confusión –o principal paradoja– en torno de su figura. Fayt merece ser defendido o impugnado por sus argumentos, por sus posiciones, por sus votos. No por su edad. La edad no tiene nada que ver con el buen o mal desempeño de un cargo, cualquiera sea. Pedir un examen psicofísico de un juez (por su “avanzada edad”) es discriminatorio y además no es reglamentario porque no se da en el marco de una imputación concreta, propia de un juicio político, que en este caso no existe. Esa medida de prueba (ese examen psicofísico, tan improcedente como hubiera sido pedir un examen semejante a Enrique Petracchi en la etapa terminal de su enfermedad), viola, en consecuencia, la Constitución. Y viola reglas –principios– elementales de ética.
