Kalentamiento global

Alieto Guadagni es un economista precursor. Hace 25 años, cuando en pleno auge de la política ortodoxa de Roberto Alemann se hablaba de desregular, desestatizar y desinflacionar la economía, el hombre intentaba convencer a sus alumnos de Economía de la seriedad con que había que tomar términos como bienestar, redistribución del ingreso, compensación de ganadores a perdedores y demás artilugios que sonaban utopías peronistas en esos tiempos de fuego. Hoy, luego de años de codearse en organismos internacionales y hombre de consulta permanente de gobiernos justicialistas, ofrece conferencias sobre el impacto de la alteración en el clima mundial en distintas economías, en particular las emergentes como la nuestra.
Siguiendo la línea de pensamiento, o es un tema que se vendrá inevitablemente o nadie le hizo demasiado caso cuando se hablaba, ya en plena crisis de la convertibilidad, de la exposición que países como la Argentina tenía en tres aspectos ante las políticas de las potencias desarrolladas: el precio de los commodities por los subsidios, las alta tasas de interés y los cambios climáticos por la polución ambiental emanada por sus industrias y automóviles. Los dos primeros demostraron haber pasado a mejor vida, al menos por ahora. El otro, se agravó y nada permite avizorar que la situación deje de afectar a sistemas productivos, que, como el nuestro, basan una parte sustancial de su producción y sus exportaciones en sus recursos naturales.
En el fondo, la economía argentina se hizo más permeable a factores positivos (alza de los precios exportables y baja en la tasa de interés) como también a importar sin aranceles toda alteración en los regímenes de lluvia y clima que anden por allí. Cara y cruz de una realidad: somos tomadores de políticas económicas y no decisores autónomos.
Sin embargo, los empeños con que la actual conducción económica (en su faceta oficial y en su ministerio paralelo, el de Planificación, con sus ramificaciones) por intentar torcer el rumbo de determinados procesos rozan el voluntarismo. Tanto que el otrora todopoderoso Guillermo Moreno encontró su Waterloo en los campos del INDEC, un organismo que hasta el momento había sorteado con dignidad los lances que cada gobierno le hizo regularmente.
La marcha atrás con la medición de precios es sintomática, como antes lo fue medir el desempleo contabilizando a los beneficiarios de los planes sociales como ocupados. Algo que la propia CGT, en boca de su abogado en jefe, el diputado Héctor Recalde ahora argumenta para condicionar la vuelta al régimen ordinario de indemnizaciones laborales.

Nuevos números. Otro indicador que algunos miran con desconfianza, es el de las remuneraciones. Juan Luis Bour, economista Jefe de FIEL no duda: los datos recogidos por el INDEC (aclaremos que antes del “take-over” K) no recogen correctamente algunas categorías salariales, como tampoco algunos incrementos “grises” obtenidos por los estatales. Así, para los números oficiales, los sueldos públicos están 30% debajo de la inflación para el quinquenio y ni hablar de los privados.
Sin embargo, según FIEL, sobre la base de los datos suministrados por el sistema formal de jubilaciones, las remuneraciones promedio crecieron 96% en el lapso enero 2002/2007. Pero llaman la atención las disparidades: mientras que los empleados de “intermediación financiera” subieron 73%, los de “explotación de minas y canteras” lo hicieron en un 143 por ciento. Según estos guarismos, la administración pública elevó 101% los salarios, contra 89,1% de la inflación nivel general en ese lustro. Además, existe notoria diferencia entre las provincias “pobres” y “ricas”, para analizar la trayectoria de los salarios.
El consultor Ernesto Kritz, de SEL, advierte que, además, estas diferencias también pueden explicarse por el poder de negociación de cada gremio, que quedó de manifiesto con la exhibición de Hugo Moyano ante la Embajada de Brasil de la semana pasada. En plena época electoral, estos conflictos tienden a acentuarse, pero nunca se pierde de vista, para el demandante estatal, la salud del Tesoro y la coyuntura particular del gobernante para ceder ante los reclamos.
El otro aspecto que pesa es el nivel de ocupación relativa del sector: algunos ya están rozando el pleno empleo. Finalmente, la productividad, en donde unos sectores resultaron más beneficiados por la magnitud y la orientación de la recuperación económica. Los transportistas tildan los tres casilleros: una huelga desabastece la industria y el consumo; un piquete colapsa más el tráfico en una ciudad; está súper ocupada y su actividad creció más que el PBI.
Y su dirigente mayor necesita mostrar que su poder de negociación sigue intacto, ante la previsible ola de reclamos de sus pares “pobres”, los que quedaron rezagados en esta carrera por ganarle a la inflación.