En estas semanas se sucedieron noticias, análisis y declaraciones en torno a la designación del general Milani al frente del Ejército. El debate público, en el que estuvo casi ausente la oposición, consideró especialmente los antecedentes personales del militar. No cabe duda de que las informaciones que se difundieron al respecto son preocupantes y merecen la mayor atención en su tratamiento.
El eventual vínculo de Milani con la desaparición forzada de personas posee una gravedad que no es necesario describir ni subrayar. También, aunque de otra naturaleza, su cuestionable patrimonio también es un motivo de preocupación.
Estos temas, cuya gravedad es evidente, han ocultado otros aspectos –probablemente más graves para el futuro del país– que conviene sacar de la relativa penumbra en la que parecen haber entrado.
En torno al asunto Milani se produjeron dichos y hechos que no deberían escaparse de nuestra observación ni memoria. Mi intención, lector, es dedicar esta columna a reunirlos tratando de comentar –aunque brevemente– sus consecuencias sobre el funcionamiento de nuestra democracia y nuestra república.
Lo sucedido mostró la desproporción del gasto en el área de inteligencia del Ejército respecto de otras áreas que precisan una atención urgente. Las cifras más notorias se encuentran al ver que el gasto en material artillado y no artillado es del orden del 2% del gasto total, mientras que el área de inteligencia –dependiendo de los años– duplica o triplica esos recursos. Nuestro capital en equipamiento se reduce (uso y obsolescencia), con lo cual la capacidad de defensa disminuye peligrosamente. Mientras tanto, se gastan recursos de manera injustificada en inteligencia.
De esta situación se derivan dos consecuencias de la mayor gravedad: nuestro país está lejos de tener la capacidad defensiva que requiere la custodia de su territorio y riquezas (octava superficie mundial, tercera fuente de agua dulce, una de las cuatro praderas más ricas del planeta, probable existencia de mayores recursos en gas y petróleo). En el mundo en que vivimos, carecer de la capacidad para disuadir la apropiación de estas riquezas es literalmente un suicidio nacional. No hay atenuantes a esta calificación. Quienes conducen a la Argentina a esta situación o bien no conocen las tendencias mundiales o ignoran lo que hay que custodiar o nos les importa ni una cosa ni la otra.
Este tema, lector, ha estado casi ausente de la discusión política y resulta ser una de las mayores obligaciones de un gobierno que, en este caso, aparece incumplida. ¿Quién explica por qué en una década en la que abundaron los recursos llegamos a esta situación? ¿Quién exige desde la oposición una explicación y una rectificación de la política actual?
La segunda consecuencia es la alta probabilidad de que el Gobierno utilice recursos militares y personal militar para hacer espionaje interior. ¿De qué se ocupan, si no, en el caso de Ejército, las 738 personas que trabajan en inteligencia? No hay ninguna explicación convincente que no sea el espionaje interior. No hay tensiones exteriores ni hipótesis de conflictos. Sobre todo, no existe un plan serio de defensa de nuestro territorio en el actual estado de las relaciones mundiales que podría justificar la búsqueda de información acerca de los planes e intenciones de las potencias extranjeras.
Nuestro vecino Brasil tiene un horizonte de planeamiento militar de veinte años. En 2009 se conoció “La Estrategia Nacional de Defensa”, un texto detallado de los objetivos y formas de organización del dispositivo militar de Brasil. Roberto Mangabeira Unger, en ese momento ministro de Asuntos Estratégicos, fue uno de sus líderes, una personalidad de renombre mundial, profesor de la Universidad de Harvard. Para un mejor conocimiento del tema, sugiero leer el texto en: http://www.defesa.gov.br/projetosweb/estrategia/arquivos/estrategia_defesa_nacional_ingles.pdf.
Note lo que se dice, en ese documento, sobre los objetivos del área de inteligencia: “El sistema (de inteligencia) recibirá los recursos necesarios para formular un diagnóstico coyuntural de los escenarios actuales, con una prospectiva política estratégica, considerando el contexto nacional e internacional.
Los recursos humanos serán entrenados en el análisis y técnicas en las áreas científicas, tecnológicas, cibernéticas, espaciales y nucleares con énfasis especial en las capacidades de monitoreo y control, movilidad estratégica y capacidad logística”.
Lector, he ahí la razón de ser de la inteligencia militar brasileña. ¿Cree usted que algo de esto pasó por la cabeza del Sr. Milani o de la Sra. Kirchner cuando discutieron el presupuesto para el funcionamiento de la inteligencia del Ejército? O, aún mucho más grave que gastar mal la plata, ¿alguien nos presentó un plan sobre estas materias?
Creo, más bien, que no tenemos plan, ni municiones, ni capacidad instalada. En cambio, existen 738 espías haciendo otra cosa que, naturalmente, es algo que no se puede comunicar a la opinión pública.
Todas estas cuestiones tienen la mayor gravedad. Permiten sospechar que el Gobierno nos espía, usa los recursos para actividades prohibidas por la legislación vigente y que lo hace para el interés propio y no el general. Además, esto sucede en Argentina, donde la inestabilidad política durante medio siglo se debió, sobre todo, al uso civil de las fuerzas armadas.
Sólo queremos, precisamos, explicaciones sencillas: cuál es el plan de defensa, cuál es el objetivo de la inteligencia militar y por qué no se usa el dinero allí donde es urgente hacerlo.
Las cuestiones no discutidas no acaban aquí; hay otras aún más inquietantes.
El general Milani logró colocar a otros hombres de Inteligencia, cercanos, en el Estado Mayor conjunto, en la Armada y en la Fuerza Aérea y, a su vez, declaró su apoyo a la acción del Gobierno. Mientras esto sucede, se lanzan operaciones conjuntas entre partidarios del Gobierno y uniformados y se impulsan actividades alternativas a la defensa nacional pretendiendo que ellas puedan constituir uno de los cometidos centrales de las fuerzas armadas.
¿Por qué no sospechar que el Gobierno está formando una guardia pretoriana para ser usada cuando las circunstancias lo indiquen?
Si esa fuera la intención, la cadena de consecuencias sería inmensa: se terminaría por destruir a las fuerzas armadas y, con ellas, nuestra capacidad de defensa nacional; se abriría la posibilidad de que otros sectores también hagan lo mismo buscando a los uniformados que les son afines; se pondría en duda el Estado democrático de derecho basado en nuestra constitución, lo que me parece aún peor que el debilitamiento de la democracia.
Lector, si cuando parezcan cerradas todas las puertas de la reelección usted comienza a escuchar que la causa del bloqueo es la constitución liberal que nos gobierna y que hija de Caseros y del proyecto liberal quiere interrumpir el proyecto nacional, estaremos en la antesala del infierno.
