Es evidente que los Kirchner tienen un concepto excesivamente mediático de la democracia. Y de casi todo.
Editan el INDEC como un mensuario, siempre con títulos auspiciosos sobre la inflación y la pobreza.
Editan la obra pública como un diario: entre el 70 y el 80 por ciento de sus anuncios en la materia han sido, en los últimos dos años, papel pintado.
Editan un multimedios oficial y una treintena de matutinos, radios y canales de empresarios amigos, beneficiados por la jugosa pauta publicitaria gubernamental.
Editan sus propias historias personales como una serie de fascículos: según ellos, fueron perseguidos por la dictadura, cuando sólo hay registros de un par de noches en la comisaría de Río Gallegos y varias fotos sonrientes con los jerarcas provinciales del Proceso; según ellos, combatieron a Carlos Menem, quien, en realidad, privatizó el petróleo, creó las AFJP y fue reelecto en 1995, en buena medida, gracias a ellos, que llegaron a definirlo como “el mejor presidente de la historia”.
Dos años en la Intendencia de la capital santacruceña, doce en la Gobernación y más de seis en la Presidencia sobran para sostener que a Néstor y a Cristina les fascina la ficción periodística casi tanto como al Leopoldo Fortunato Galtieri del “que venga el principito” y el “vamos ganando”, y quisieran poner a los grandes medios en manos de sus amigos, como lo intentó el caudillo riojano oponiéndole al Grupo Clarín el CEI Citicorp Holdings.
Ahora, los Kirchner nos dicen que la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación “pone a prueba como nunca a la democracia”, otorgándole a la reorganización del mapa mediático nacional un carácter redistributivo que aún están lejísimos de lograr en materia económica. Parece que, siempre según los K, con la tele y la radio se come, se cura y se educa.
El nudo marketinero del proyecto que el martes empezará a debatirse en el Congreso constituye una tremenda falacia: a partir de su sanción, el 33% de los medios estará en manos del Estado, otro 33% quedará en la órbita privada y el tercio restante será manejado por “la sociedad civil”.
Preguntas conceptuales:
- ¿Por qué la comunicación será más democrática si Hugo Moyano, por ejemplo, cumple su sueño de fundar un canal de la CGT? ¿No sería más democrático, primero, que los sindicatos hubieran podido renovar libremente a sus capangas, atornillados a los sillones desde hace ya casi tres décadas?
- ¿Por qué los indios wichis, por ejemplo, defenderán mejor su cultura y sus derechos teniendo la posibilidad de crear su propia emisora? Hasta ahora, los conflictos de los “pueblos originarios” para recuperar sus tierras han sido más difundidos por los medios que los Kirchner desprecian que reivindicados por las autoridades con hechos concretos.
Pregunta de fondo:
¿Y con qué plata se equiparían y sostendrían a largo plazo estos medios socializados?
Pretender que alguien responda esto ahora sería iluso, ya que a dos semanas de sellado el acuerdo con la AFA por el “fútbol libre”, nadie conoce ni siquiera la letra gruesa del contrato. Pero debe decirse que la torta publicitaria comercial es finita y suele volcarse a los soportes de grandes audiencias. Muchos medios controlados por sociedades anónimas son ya esclavos de los dineros públicos. El Gobierno acaba de incluir una cláusula a su proyecto, que prohíbe expresamente que los privados, a través de fundaciones u otros artilugios, puedan salir a cazar medios sociales cuando éstos se vean ahogados. ¿Será el Estado –es decir, el Gobierno– quien los manejará en nombre de la “libertad de prensa”?
Claro que oponerse a la existencia de estos medios presuntamente puros y castos que tanto inflama las entendedederas de prestigiados intelectuales, gremialistas y dirigentes de derechos humanos, sería como oponerse al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
A propósito, ¿por qué será que le damos más importancia en esta coyuntura a la propiedad de los medios que al derecho a la vivienda, por ejemplo, garantizado por dicho artículo constitucional aprobado hace 52 años?
Tal vez porque el kirchnerismo venga a ser, al menos en materia de información pública, algo así como la etapa superior del mememismo. O sea, un plan para lograr el mismo objetivo (el control total del poder a través de la imposición de un relato incuestionable de la realidad) pero con mecanismos más refinados. La prometida revolución a través de un nuevo reparto de los medios es una revolución para la gilada. El relato huele a verso.
¿No hace falta una nueva ley, entonces? Desde luego que sí. No obstante, es tarea del periodismo independiente advertir que ésta viene envuelta en una nueva y formidable trampa. Y recordar que esto no es Holanda, sino la Patria K.
