El pasado 29 de enero las cámaras de la BBC exhibieron el cadáver de un hombre de extrema delgadez, salvajemente torturado. Con objetividad y equilibrio, la serie Explore narró en su programa Argentina’s Dirty War el calvario del coronel Argentino del Valle Larrabure. Desconfiando de las versiones románticas y maniqueas de la “memoria”, convocó a sus televidentes a conocer la historia completa de la dolorosa década del 70, preguntándose por qué en pleno gobierno constitucional peronista el ERP lo secuestró y asesinó.
¿Cuál era la dictadura que combatían los “jóvenes idealistas inocentes”? ¿Cuál el plan criminal?, fueron los interrogantes que con Arturo Larrabure planteamos a la audiencia mientras las imágenes mostraban las espantosas condiciones en que tuvieron secuestrado a su padre durante 372 días.
La tenaz lucha que iniciáramos peticionando que los crímenes de la guerrilla se declararan de lesa humanidad daba un nuevo fruto. Un importante medio periodístico internacional, conociendo el valiente dictamen del fiscal general Palacín encuadrándolo en tal categoría, y la estrategia del procurador general de la Nación, Esteban Righi, para anularlo e impedir que otros fiscales se expidieran en forma similar (Resolución 158/07) nos brindaban la oportunidad de demostrar las falsas premisas de dos sofismas difundidos para consagrar la impunidad de la guerrilla.
El primero alega que sus aberrantes crímenes son delitos comunes prescriptos, por no haber sido instigados, facilitados, ni financiados por Estado alguno.
Probamos la existencia de terrorismo de Estado argentino y cubano poniendo al descubierto el plan criminal diseñado por John William Cooke para generar una sucesión de hechos revolucionarios que forzaran a Perón a consentir la instalación de un régimen marxista.
Explicamos a la periodista Tanya Datta que los eslabones fueron colocándose desde la campaña electoral de Cámpora. Mientras Abal Medina anticipaba que se liberaría a los terroristas, Righi diseñaba las bases de la futura amnistía y Galimberti convocaba a la formación de milicias populares. Como ministro del Interior, Righi negoció los proyectos de amnistía e indulto, aplaudidos por legisladores irresponsables que elogiaron y liberaron a los terroristas sin desarmarlos. Existió una llamativa tolerancia frente a las masivas ocupaciones de barrios, universidades, hospitales, radioemisoras y ministerios, con las que la guerrilla intentó ganar posiciones, facilitando la inoperancia y/o complicidad del Estado hechos gravísimos como la matanza de Ezeiza, el asesinato de Rucci y el ataque al Regimiento de Azul, que costó la renuncia del gobernador bonaerense Bidegain cuando Perón denunció que “hechos de esta naturaleza evidencian elocuentemente el grado de peligrosidad y audacia de los grupos terroristas que vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades…”.
El terrorismo de Estado cubano facilitó ese plan criminal y está probado por las declaraciones de prominentes miembros del ERP y Montoneros, revelando que sus cuadros fueron instruidos militarmente en Cuba, y los concordantes discursos de Guevara y Castro, propiciando y financiando la expansión de la guerrilla en toda Latinoamérica.
Para rebatir el segundo sofisma que sostiene que sólo el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad, nos remitimos al fallo Tadic, donde el Tribunal Internacional para la ex Yugoeslavia concluyó que también pueden cometerlos organizaciones guerrillas sin que sea necesario que los actos sean dirigidos o instigados por un grupo en permanente control de un territorio.
Conmovidos, comprobamos que el caso Larrabure está perforando las barreras ideadas por los guerrilleros para permanecer impunes. Jueces y periodistas internacionales saben bien que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino que quien puede eventualmente ser investigado por su actuación como ministro del Interior de Cámpora lo prohíba.
*Abogado de la familia Larrabure.
