El miércoles pasado, ante el plenario de la Cámara de Diputados sobre el capítulo Cultura del proyecto de la ley ómnibus, habló Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL). Expuso las razones por las que no se debe derogar la ley 25.542, comúnmente conocida como “de defensa de la actividad librera”, que fuera promulgada por acuerdo y pedido de todo el sector en el año 2001.
La CAL es una entidad gremial empresaria con 85 años en el mercado, hoy conformada por quinientos socios, entre ellos editores, libreros y distribuidores, básicamente Pymes y Mipymes. Además, participa en la organización, desde hace más de 47 años, de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la feria del libro con mayor cantidad de público en el mundo, de manera autogestiva, junto a un sinnúmero de ferias locales, provinciales y temáticas.
Pampín comenzó destacando que la ley 25.542 “dispone que los editores (o representantes oficiales en el caso del material importado) deben definir un precio único para los libros que publican y que ese precio debe respetarse por todos los vendedores –ya sean librerías pequeñas, medianas, grandes superficies y plataformas–.” Y agregó: “El libro no es solo una mercancía, sino un bien cultural a través del cual se propagan las ideas y el conocimiento, y ambos contribuyen a generar cultura e identidad, por lo que resulta indispensable para el desarrollo social e individual de un país. En este sentido, el precio único favorece el fortalecimiento de una industria editorial nacional sustentable y diversa.”
“Un único precio para cada libro que se publique en nuestro país ubica a todas las librerías –cualquiera sea su tamaño– en situación de igualdad, permitiendo la coexistencia y competencia en múltiples puntos de venta. La pluralidad y diversidad de librerías es fundamental para garantizar el acceso al libro y a la lectura en todo el territorio nacional.”
Sobre las librerías, la ley vigente establece tres principios: “primero, la función de las librerías para garantizar que un bien cultural como el libro pueda llegar a quienes lo demanden; segundo, el rol que la librería debe asumir en la defensa de la singularidad de nuestra propia cultura, entendiéndola como un rasgo identitario de la industria que la promueve, y, tercero, el indiscutible papel que las librerías Mipyme y Pyme tienen como motor económico local.”
“La ley contribuye a mantener la cultura del libro y la lectura. Al no competir principalmente en términos de precio, los editores y autores se centran en contenidos, incentivando la producción de libros de mayor valor y calidad y las editoriales pequeñas y medianas apuestan de este modo a la innovación en contenidos, y a la pluralidad de voces en la edición, lo que conlleva a una mayor participación de colaboradores en el proceso editorial en su conjunto. Esta medida también contribuye a la producción editorial local, la preservación del patrimonio literario y a la promoción de la lectura. Prueba de esto son las más de quinientas editoriales Pymes que producen material de calidad en Argentina y las más de 1.600 librerías a lo largo y ancho del país.”
Destaca, además que de las 1.600 librerías existentes en Argentina el 70% posee una sucursal, el 8% de dos a cuatro sucursales, mientras que las cadenas representan el 22% de ese total. En cuanto a la experiencia internacional con el precio único del libro: “son muchos los países del mundo que cuentan con leyes que establecen el precio único en la venta de libros, como Alemania, Francia, España, Dinamarca, Austria, Grecia, Italia, Holanda, Portugal, Japón y Corea del Sur, entre otros.”
“Estos países cuentan con industrias editoriales fuertes y desarrolladas, con una gran población lectora y velan por la preservación y desarrollo de las librerías pequeñas y medianas.” Mientras que en países sin tal norma de precio único de tapa, “como Inglaterra, luego de que se derogó el acuerdo de precio fijo, desaparecieron un tercio de las librerías independientes y el precio de los libros en Inglaterra tuvo un importante aumento respecto del resto de los países europeos que tenían esta herramienta.”
Proyectando la derogación en Argentina, Pampín señaló: “es posible que el precio de algunos libros baje temporalmente, pero tiempo después el precio subirá, pero sin techo. Esto se debe a que, al liberar el precio, aquellos vendedores que cuentan con mayor capacidad de compra –supermercados, plataformas, grandes superficies– pueden reducir el precio de venta asfixiando a los pequeños competidores, reduciendo sus ventas o el margen de ganancia, lo que concluye indefectiblemente en la nula o escasa rentabilidad para la pequeña o mediana librería, y que favorece a un esquema de concentración.”
“A contramano del proyecto de ley, no estaríamos favoreciendo la competencia sino, por el contrario, la concentración. (…) Al existir menos variedad de títulos publicados, solo se exhibirán y promocionarán los libros más vendidos, los que a su vez tendrían mayores descuentos ocasionando que el libro que tenga un recorrido comercial distinto de un bestséller no tuviera la misma presencia, reduciéndose su visibilidad y por consiguiente su posibilidad de venta.”
Otra secuela sería que las editoriales Pymes, verdaderas promotoras de los autores noveles, no puedan publicar a “quienes no cuentan con la posibilidad de ser publicados por grandes grupos editoriales. De esta forma, excelentes obras y artistas perderán la posibilidad de que su trabajo sea conocido por el público, generando que la industria editorial argentina como tal, se vea reducida a una mera expresión comercial.”
