Con la renuncia del ministro Fayt, efectiva a partir del 11 de diciembre, el gobierno entrante tendrá la oportunidad y la responsabilidad de proponer a dos nuevos integrantes para completar los cinco integrantes de la
Corte Suprema. La designación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia es una de las decisiones clave para el funcionamiento saludable de nuestras instituciones. La Corte tiene un rol fundamental en nuestra cultura constitucional: ejerce el control de constitucionalidad, es decir, la revisión judicial de la compatibilidad de las leyes dictadas por el Congreso Nacional con la
Constitución. Vela, también, por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Constitución para la toma de decisiones. Además, los ministros de la Corte trascienden a los gobiernos de turno.
De acuerdo con la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo nombra a los jueces de la Corte con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado. Ello significa que las discusiones acerca de los nuevos integrantes de la
Corte tendrán un carácter eminentemente político y no necesariamente técnico. Ello no debe escandalizarnos porque, en definitiva, es la propia Constitución la que pone en cabeza del poder político esta decisión. Este esquema no es un invento argentino: está basado en la constitución de los Estados Unidos.
Es más, el debate acerca de la elección de jueces para la Corte Suprema debería ser uno de los más intensos que podamos tener en la esfera pública. Dado que en nuestra cultura constitucional la Corte es el
intérprete último de la Constitución, tiene la última palabra en cuestiones valorativas sustantivas para la comunidad. En los últimos años, por ejemplo, la Corte se ha expedido en temas como el aborto, la muerte digna, la protección de la propiedad privada, los derechos de los pueblos originarios, la libertad de expresión, el acceso a servicios de salud y servicios como el agua potable, los juicios de lesa humanidad y los delitos imprescriptibles, los derechos de los jubilados, la protección del medio ambiente, entre otros. En fin, ha tratado preguntas que involucran concepciones políticas y
filosóficas acerca de la Constitución y de la sociedad sobre las que podemos tener grandes acuerdos y desacuerdos, pero que ciertamente pueden marcar el rumbo de una comunidad. Además, la integración de la Corte plantea también preocupaciones de organización institucional
importantes en nuestra sociedad: por ejemplo, la nueva Corte debe reflejar diversidad de género, compromiso adoptado por Argentina en tratados internacionales de derechos humanos que exigen el acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad.
En suma, los candidatos a la presidencia deberían dar a conocer a quiénes propondrán para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, los candidatos al Senado también deberían adelantar qué perfil de ministro de la Corte aceptarían.
Así como los candidatos deben proponer políticas públicas y personas que estarán al mando de áreas diversas como educación, salud y economía, también deberían comprometerse públicamente y explicar su visión de la Corte Suprema, la institución que es la cabeza del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado.
*Decano ejecutivo, Escuela de Derecho, Universidad Torcuato
Di Tella. @MartinHevia.
