A veinticinco años de iniciada la transición a la democracia no se ha hablado de las instituciones provinciales. Consideramos que se trata de una mirada esencial para conocer la situación de la República, ya que en definitiva ella es la sumatoria de lo que ocurre en cada uno de los niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, en tanto desde estas esferas proviene la mayor parte de los funcionarios nacionales, comenzando por el presidente, quienes trasladarán la cultura y los valores que imprimirán el funcionamiento de las instituciones nacionales. Es de destacar que la mayoría de las provincias presentan una enorme debilidad institucional, caracterizada por rasgos cuasi feudales, entre los que predomina una fuerte personalización del poder que afecta seriamente la independencia del Legislativo y del Judicial, favoreciendo el hegemonismo en el interior del Ejecutivo que asimismo importa una seria merma en el goce de los derechos de los gobernados.
Por supuesto que el análisis comparado admite matices y permite destacar algunos buenos ejemplos, pero el balance general es sumamente negativo. Nos limitaremos a observar, a vuelo de pájaro, la situación en Formosa y Santa Cruz, a nuestro entender las que presentan los mayores vicios institucionales. Ante todo sus constituciones consagran la reelección consecutiva ilimitada del gobernador y vice. Ello, como resultado de sucesivas reformas constitucionales motivadas en la necesidad de asegurar la continuidad de los “jefes”, Kirchner en Santa Cruz e Insfrán en Formosa en el Ejecutivo.
Desde 1995 Insfrán es gobernador de Formosa, su primera reelección en 1998 fue inconstitucional, ya que como había sido vicegobernador en el período 1991-5, no le era posible una nueva reelección. Sin embargo, como producto de serias irregularidades y hechos de violencia (entre los que se destaca la injustificada detención del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia) ello fue posible. Luego logra reformar la S en 2003 de modo de asegurarse la reelección ilimitada. En esa oportunidad también se concretaron modificaciones que eliminaron la independencia presupuestaria del Legislativo, de la Justicia y del Tribunal de Cuentas. Asimismo, se autorizó al Ejecutivo a contraer empréstitos, con la única obligación de informar a la Legislatura. A partir de estas cláusulas ha proliferado el endeudamiento desmedido de la provincia. Este desalentador estado de cosas se completa con las más retrógradas prácticas clientelísticas y con un gran nepotismo. Para sólo citar un ejemplo, la esposa del gobernador ha sido diputada nacional desde 1999 hasta 2003, año en que es elegida senadora nacional con mandato hasta 2011. La falta de transparencia electoral queda demostrada con el bochornoso episodio de que dieron cuenta los medios nacionales en el cual se ve al actual intendente de Misión Tacaaglé, Leguizamón, secuestrando documentos de identidad de ciudadanos indígenas que luego son encerrados y conducidos a los lugares de votación.
En 1991 Néstor Kirchner asume la gobernación de Santa Cruz, marcando un hito que llevará a la consagración del ya mencionado modelo de ejercicio del poder. Se asegurará la permanencia en la titularidad del Ejecutivo provincial, gracias a dos reformas constitucionales. Cuando es electo presidente de la Nación, concluye su tercer mandato como gobernador. Su impronta permanece hasta el presente, como lo prueban las renuncias de los gobernadores Acevedo y Sancho, en razón de la poca independencia en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el modo particular en que accedió el actual titular Peralta al Ejecutivo implicó una verdadera intervención provincial encubierta. Mención aparte merece el tratamiento de la Justicia con la ampliación del número de integrantes del Superior Tribunal a principios de los 90 y la remoción del procurador Sosa, que ha sido rechazado en dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hasta el día de hoy no se han cumplido.
*Abogado constitucionalista.
