El “Tucumanazo” se expresó con una sola idea: hubo un fraude electoral. A los partidos de la oposición les costó interpretar la idea. Demoraron una semana en presentar acciones de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa y un poco más en hacer la querella penal en la Justicia Federal al sostener que en el ardid está involucrada la Gendarmería Nacional y el Correo Argentino. ¿Quizá estas dudas fueron transmitidas a los jueces Salvador Ruiz y Ebe Lopez Piossek al momento de sus demandas? Esa es la debilidad de una sentencia anhelada por buena parte de los tucumanos.
¿Hay o no fraude electoral para los magistrados tucumanos? La respuesta es no. Por un lado, el camarista Ruiz, en declaraciones a una radio porteña, se encargó de negarlo. Y, por otro, el fallo rescata la honorabilidad y la constitucionalidad de las designaciones/ausencias de los integrantes de la Junta Electoral provincial.
El laudo peca de insuficiente, por decir algo. Se detiene en un rosario de delitos electorales y en vez de llamarlos por su nombre prefiere eufemismos tales como “anomalías”, “conjunto de elementos reseñados”, “episodios violentos”, “situaciones de extrema gravedad y marcada irregularidad”. De los delitos denunciados anteriores a esa fecha, como la adulteración de los padrones electorales meses antes, ni palabra.
No hay fraude para la Cámara, o al menos le faltó hacer hincapié en cómo todo ese cúmulo de “irregularidades” que señala es parte de una estructura montada al efecto. El tucumano no entiende cómo se puede omitir que hubo una sistematización de “situaciones de extrema gravedad”, muestra clara de una actuación coordinada por una asociación ilícita –por utilizar palabras del Acuerdo para el Bicentenario– destinada a fraguar una elección abarcando todos los organismos públicos que intervinieron. En términos futboleros, se la dejaron “picando” a la Corte de la provincia para que, sin mucho esfuerzo, revoque el fallo. Habrá que ver cómo sigue si viaja a la Corte nacional.
*Fiscal general de Tucumán.
