En la Argentina sin información, campea la conjetura y el rumor. Por eso, perturba que lo mismo que defiende la Corte en su fallo, la transparencia, opaque lo que debiera ser luminoso, la consagración de los Derechos.
Y como de conjeturas se trata. ¿por qué el fallo no se dio a conocer antes de las elecciones, el gran momento que tiene una sociedad para mirarse a sí misma, preguntarse hacia donde quiere ir y en consecuencia elegir con la mayor información posible a quienes va a delegar su confianza para que tomen decisiones en su nombre? Lo que puede interpretarse como prudencia antes de las elecciones se convierte en imprudencia post electoral ya que resulta imposible sustraerse al hecho político de que el fallo se dio a conocer cuando apenas comenzábamos a indagar sobre la manifestación electoral de la ciudadanía. Y en las vísperas de que celebremos la continuidad democrático. Todo un símbolo que no es patrimonio de ningún gobierno y sí mérito de todos los argentinos que finalmente entendieron que el único antidoto al autoritarismo es una auténtica cultura de Derechos.
De la lectura inicial sobre el resumen del fallo que difundió la Corte, se infiere que la mayoría de los jueces deslindó la responsabilidad constitucional en el Congreso que sancionó la ley y al reconocer los derechos de propiedad del Grupo Clarín lo mando, sin decirlo, a negociar con el gobierno. A la par, como fundamento constitucional, libera y legitima los valores de libertad, igualdad e independencia que defendimos a lo largo de todos estos años en los que fue tan difícil no quedar entrampados en la guerra simbólica que hizo de la pelea con Clarín, la “madre de todas las batallas”.
En términos de intereses es probable que haya perdido el grupo Clarin, pero en cuestión de valores, vale advertir que ahora es cuando más debemos exigir, en la justicia si es el caso, en la política y en el debate público para que el gobierno cumpla con todo lo que también sostiene el fallo del máximo tribunal.
A lo largo de estos cuatro años, vividos por el oficialismo como una mora con la democracia, se violaron y violan todos los principios con los que la Corte sustentó el fallo. Ni la distribución de la pauta oficial es ecuánime, ni el AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley es independiente del gobierno, hasta el Defensor del publico (no del ciudadano) es un defensor del gobierno y los medios públicos sirvieron para conseguir lo que el fallo de la Corte condena: la propaganda de un gobierno. La inequitativa distribución de la pauta oficial multiplicó la propagadora oficial y convirtió en empresarios periodísticos a quienes jamás mostraron un compromiso con la función social de los medios de comunicación, o entraron, siquiera a una redacción. Y lo que es más grave, utilizaron todo el poder del Estado para matar la reputación de los periodistas críticos, se burlaron de los artistas díscolos o los políticos opositores. Si no que lo diga Casero, el más reciente fusilamiento mediático que al igual que las manifestaciones de desprecio al resultado electoral desnudan una concepción de poder autoritaria.
Si como dice el fallo de la Corte, la libertad de expresión es la madre de todas las libertades y se debe garantizar el derecho de la sociedad a ser informada como parte del debate público, ahora más que antes debemos reclamar el respeto a nuestro derecho a disentir, que los medios públicos dejen de incitar al odio, tal como condena el Pacto de San José de Costa. Ahora ya no son los jueces los que están en mora con la democracia como se escuchó decir a mas de un defensor del gobierno. Quien está en mora con la democracia es el mismísimo gobierno que invoca a los derechos humanos pero no respeta los derechos ajenos.
Es cierto que la legitimidad constitucional de una ley surge de la votación mayoritaria del Congreso, pero cuando un gobierno abusa de su poder a expensas de subordinar al Parlamento y domesticar a la justicia, las instituciones y el poder mismo caen en la ilegalidad porque lo que es ilegitimo es el ejercicio del poder. De modo que a cuatro años de sancionar la ley que prometía democratizar la palabra, está ya en la hora de que empecemos a democratizarse el poder.
*Periodista, escritora, vicepresidente de la Comisión de Medios del Senado.
