Comienzan a vislumbrarse diferentes escenarios en los cuales se moverá el Gobierno luego de conocerse el resultado electoral.
Los ciudadanos de a pie nos aprestamos a recorrer caminos que no parecen muy claros a la fecha, como no lo era la implementación del cepo tan sólo unos días antes de las elecciones de 2011. Tales medidas no formaron parte de la agenda electoral, como tampoco lo fue la identificación de los sectores disruptivos del orden económico que se pretendió combatir.
Nada se había anticipado en materia del control que se ejercería sobre las importaciones ni de las medidas que abarcarían desde el impedimento del giro de dividendos o ahorros al exterior hasta la imposibilidad legal de atesorar en dólares. Es decir, un cambio definitivo en lo que hace a la forma, mala o buena, que tiene de ahorrar una parte de nuestra sociedad.
La coyuntura presenta una serie de desequilibrios tanto fiscales como monetarios difíciles de manejar aun en un contexto con perspectivas de crecimiento elevadas para los números oficiales (aunque no tanto para los números privados), en el que los conflictos distributivos son potencialmente relevantes hacia 2014, sobre todo en el marco de un realineamiento dentro del PJ de cara a 2015.
No parece que vaya a ser tan fluida como hasta aquí la relación entre el Gobierno y sectores como la CGT por un lado y la UIA o el campo por el otro.
Dichos realineamientos podrían incluir también gestos por parte de provincias que hoy se cuadran ante el llamado oficial y envían a sus diputados a alzar la mano sin mucho debate.
A esta altura nada hace suponer que, en caso de una derrota severa en la provincia de Buenos Aires, las mayorías parlamentarias seguirán operando igual que hasta el 27 de octubre aun antes de asumir los nuevos legisladores.
El Gobierno en 2009, incluso luego de perder las elecciones, tenía grados de libertad en cuanto a las políticas monetaria y fiscal de las que hoy carece.
Las tasas de crecimiento y generación de empleo en el sector privado que se observaron hasta 2011 hoy son una realidad distante, mas allá de pronósticos del PBI creciendo en niveles razonables.
Es difícil pensar la economía de 2014 expandiéndose en torno al 6% como figura en el Presupuesto, sobre todo porque el piso de comparación no será (como lo es hoy) un magro 2012 sino un digno 2013.
Se han desvanecido los superávits gemelos y esto deja poco espacio para hacer política económica a las autoridades, que sólo pueden atinar a generar parches puntuales. Al menos por el momento.
Cierto es que, luego de las PASO, se avanzó en el sentido de resolver muchos de los reclamos que se plantearon como elementos que jugaron en contra a la hora de pedir el voto. Me refiero al impuesto a las ganancias sobre los salarios o a los montos vigentes para los monotributistas. A esta altura no está claro si con eso alcanza para revertir la tendencia electoral que se marcó en agosto.
Resulta curioso conceptualmente pensar: si con los impuestos como estaban la economía este año crecería 5%, ¿cuál es el motivo para bajar dichos tributos?
Problemas como la pérdida de competitividad de las economías regionales o la ineficacia del sector financiero para promover el desarrollo industrial, entre otros tantos, seguirán presentes el 28 de octubre; habrá que ver cuáles son las novedades en este sentido.
En materia cambiaria es innegable el cambio de rumbo; meses como agosto y septiembre, que colocan el ritmo de devaluación por encima de la inflación real, son prueba palmaria de ello.
El lanzamiento del nuevo índice de precios nacional y urbano abre una oportunidad para comenzar a recomponer estadísticas oficiales que nos permitan determinar un diagnóstico común sobre el cual oficialismo y oposición trabajen, con propuestas diversas, pero sobre la base de un problema que se reconoce y mensura del mismo modo por todos los actores.
Esto sería además un primer paso para tener herramientas concretas que permitan operar sobre las expectativas que hoy en día, ante la falta de una medición creíble, terminan por fundarse en el peor de los diagnósticos, por más que algunos sean tan poco creíbles como la actual medición oficial.
La marcha del juicio con los fondos buitre depara noticias que pueden ser malas, lamentablemente, para nuestro país. Salvo que el cielo ilumine a los jueces de la corte de Estados Unidos, las perspectivas en ese frente, donde enfrentamos intereses nefastos, son decididamente complicadas.
Habernos comportado como “pagadores seriales” no parece haber servido de mucho en este caso, y peor aun, lo grave es que incluso habiendo pagado tanto nadie nos presta un dólar.
Entonces no sería descabellado que luego de la presentación del nuevo índice veamos cómo regresan las misiones del FMI a auditar los números de nuestra economía, como lo hacen con los demás países miembros.
Que a partir de allí el Gobierno intente ordenar la situación con el Club de París, así como darles curso a las sentencias impagas en el Ciadi y hasta buscar más temprano que tarde un acuerdo por el pago aun pendiente de YPF.
¿Por qué el Gobierno habría de hacer esto? Simple, porque no tiene plata, y si bien ya en 2011 tampoco tenía, ahora, además de tener menos plata parece que va a tener menos votos, de modo que difícilmente pueda sostener la presión fiscal y el financiamiento vía impuesto inflacionario sin que esto derive en conflictos muy complicados y costosos (en términos políticos) de resolver.
Con todo, lo más previsible es que luego de disfrutar las buenas noticias en materia de rebajas impositivas, veamos cómo en los meses por venir se recortan subsidios en términos reales, tanto al consumo de energía como al trasporte en el área metropolitana, así como se intentará contener la actual salida de dólares que provoca el turismo emisivo.
Estas son algunas de las cosas de las que hoy no se habla, pero que, una vez que se apaguen las luces de campaña y se cuenten los votos, comenzaremos a ver y oír en el país real.
