Ante el desafío de la inflación, la relación entre el Gobierno y el sector empresarial está teniendo más cambios de posiciones que una película porno. Entre amenazas y llamados al diálogo, entre quejas conspiranoicas y aplausos, el Presidente usa a full la cintura de Shakira para tratar de alinear variables en un año de elecciones mientras en el oficialismo vuelve un clásico: gritos contra los grupos concentrados mientras se apela a que la oferta de bienes en pocas manos los ayude a tratar de contener los precios.
Pero atenti, esta vez hay un plus: levantando la bandera de la lucha contra los oligopolios se están haciendo cambios normativos que directamente favorecen los arreglos entre corporaciones. Insólito. Acompáñenme a ver esta triste historia.
El 4 de febrero el Senado le dio media sanción al proyecto de ley presentado por la senadora Ana Almirón con acuerdo del Ministerio de Desarrollo Productivo para cambiar la forma de elección de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia sancionada en 2018 con el número 27.442.
El oficialismo había entendido que la elección por jurados con participación de organizaciones de la sociedad civil era engorrosa y favorecía el conflicto de intereses. Se decidió entonces modificar la norma heredada de la era Macri, la segunda sobre la materia después de la ley 25156 de 1999. Por caso, ya desde entonces se había ordenado constituir un tribunal de la competencia que nunca fue conformado, tampoco en los doce años del kirchnerismo en su versión anterior.
Pero ese no es el punto. En un comunicado de prensa publicado en la web del Instituto Patria el 6 de febrero sobre la media sanción del proyecto, se explica que “el presidente del Instituto Patria y senador de la Nación, Dr. Oscar Parrilli, hizo propuestas que ampliaron y enriquecieron la reforma”. A partir de ahí, se enumeran los cambios que el hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner introdujo, según explicó por radio más tarde, para desarmar una legislación que Cambiemos había hecho a medida de los holdings a los que habían pertenecido muchos de sus funcionarios. La oposición denunció que esos cambios llegaron por mail a las 22:59 de la noche previa a la votación y a las 11:34 de esa misma jornada, sin posibilidad de someterlo al debate previo al dictamen.
Oligopolios 1, Estado 0. Entre las modificaciones realizadas, el senador derogó el “Programa de Clemencia” porque -dijo el Instituto- era “una suerte de ley del arrepentido” con una “doctrina subyacente” que tiene “un impacto negativo sobre derechos constitucionales como el debido proceso, la prohibición de la utilización de apremios ilegales o la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo”. “La derogación, entonces, resultó en un imperativo ético y jurídico constitucional”, explicó un punteo del Patria.
Seguramente cuando alguien le dijo que era una especie de “ley del arrepentido para casos de cartelización”, como se suele llamar a este programa entre los especialistas en competencia, a Parrilli se le truló el bocho. Asoció “arrepentido”, “cuadernos”, “fo-to-co-pias de los cuadernos”, “lawfare” y chau. Lo perdimos.
El tema es que los llamados “programas de clemencia” son la herramienta que más se está usando en el mundo para desarmar cárteles, es decir, los arreglos entre compañías que se ponen de acuerdo para aumentar los precios o dejar afuera competidores, entre otras prácticas irregulares.
Con la Argentina, lo tenían 13 de 15 países de Latinoamérica. Y hay casos de éxito en su aplicación, como España, que vivió un boom de denuncias en las que un ejecutivo o una empresa le contó a la autoridad de aplicación que había tongo en un sector, y a cambio de un beneficio –por ejemplo, que le condonen la multa– reveló cómo funcionaba el cártel que rápidamente quedaba desmantelado para beneficio de los consumidores que estaban pagando de más o tenían menos alternativas en el mercado.
Un trabajo de los profesores españoles Joan Ramon Borrel, Juan Luis Jiménez y Juan Manuel Ordóñez de Haro recopila más de 50 cárteles desarmados con esta modalidad sólo en España entre 2008 y 2015. Han caído algunos con gigantes que cotizan en Bolsa como Repsol, Telefónica o Abertis, mientras que ha habido casos menos círculo rojo y más populares, como cuando se desarmó en 2010 el acuerdo encubierto que habían hecho cuatro firmas de cuidado personal (Henkel, Sara Lee, Puig y Colgate) de ir achicando envases mientras subían los precios hasta que uno de ellos –Henkel– se acogió al programa de clemencia, zafó de la multa que sí tuvieron que pagar los demás, mientras dejaban de robarle al público con los jabones y geles para ducha. El sueño de la lucha contra la especulación detrás del aumento de precios. Otra que la ley de góndolas.
Guillote vive. La pregunta de fondo es si realmente combatir la concentración económica es conveniente para el Estado en plan de reprimir la inflación en el corto plazo, más allá de las ventajas de la competencia en el largo. La tesis del ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de que es mejor que haya pocos actores en la mesa para poder convencer u obligar a que muevan los números de una determinada manera, pareciera seguir vigente.
Hace tres semanas, hubo arreglo con tres frigoríficos para que vendan cortes populares sólo en un puñado de grandes cadenas de supermercados. En estos días, el acuerdo modelo es un fideicomiso aceitero para desacoplar precios internacionales en un rubro donde cuatro compañías concentran el 90% de la oferta. El plan de viviendas que lidera el ministro Jorge Ferraresi necesitaba contener los insumos de la construcción: arreglaron hace unos días con el único oferente de aluminio una suba negociada durante el año.
Todo esto ocurre en otra galaxia distinta de la que se está moviendo el Ministro de Economía, Martín Guzmán, último bastión de la racionalidad capitalista, según los empresarios que valoran que no habla de controles de precios, ni de especulación ni de persecuciones, la pesadilla de los popes que cuando no están de vacaciones en el exterior se juntan a resistir con aguante en sellos como la Asociación Empresaria Argentina, donde tallan los Rocca, Magnetto y Pagani de la vida. A propósito, allí acaba de haber una baja simbólica: renunció el textil más importante del país, Teddy Karagozian, uno que sí considera que el Gobierno tiene un plan económico. Y lo dice en público.
