Es una de las disputas legales más extrañas que haya llegado a la Corte Suprema. Por un lado, una nación extranjera está acusando a las cortes estadounidenses de tratar de arruinar su economía y debilitar su defensa militar. Sus oponentes legales responden que la nación es un malhechor internacional que, de todas maneras, no obedecerá nada que digan las cortes.
Para agregar elementos al drama, algunos talentos legales de alto perfil –Theodore B. Olson, David Boies y Paul D. Clement– están justo en el medio del asunto. Para más datos, miles de millones de dólares están en juego. Agréguese al misterio el hecho de que nadie tiene ninguna idea certera de cómo reaccionará la Corte Suprema (N.deR.: esta columna fue escrita antes del fallo del lunes 16 del juez Thomas Griesa, que condenó a la Argentina a pagar). Y para más intriga, el hecho de que todo podría quedar solucionado si la Corte Suprema se lo entregara a una corte estatal (…), así es la saga de los bonos argentinos, y se extiende en el tiempo al menos por trece años, con parte de la historia tan lejos atrás como los años 1820. ¿Puede convertirse esto en algo simple?
(…) Una de las estrategias legales de los abogados de los fondos fue tratar la queja de los bonistas como un simple tema de cumplir con la palabra empeñada. Argentina, decían, había prometido tratar a los inversores de los bonos de 1994 tan equitativamente como a otros inversores extranjeros en la deuda argentina, y aun así el país estaba pagando regularmente a los inversores que acordaron los canjes de 2005 y 2010, y nada a los tenedores de papeles de 1994. Finalmente, un juez federal de Nueva York, Thomas P. Griesa (en su momento, fuertemente respaldado por una corte superior, la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito de los Estados Unidos), dictaminó que si Argentina hacía algún pago más a los participantes del canje tenía también que pagar lo que debía a los fondos –esto es, US$ 1.330 millones–. Esto, dijo el juez Griesa, es lo que significa pari passu.
Argentina piensa que pari passu significa otra cosa: que trataría igual sólo a los inversores en préstamo simple (investors in a single borrowing), no que trataría a cada uno a los que debiera dinero en el mundo del mismo modo. Los fondos buitre tenían una chance de hacer un canje, y eligieron no hacerlo. ¿Qué tipo de gobierno que se respete a sí mismo, pregunta Argentina, quedaría de manos atadas en lo que respecta a manejar una serie de préstamos?
El abogado representante de Argentina, Paul Clement, llevó el último caso del gobierno a la Corte Suprema. Primero, le pidió a la Corte enviar la disputa a las cortes estatales de Nueva York, porque el significado de pari passu como promesa legal es controlado por la ley neoyorquina. Si los jueces lo hacían y las cortes estatales leían la promesa argentina de esa manera, ése sería el fin del mandato del juez Griesa en cuanto a los pagos. La Argentina estaba dispuesta a correr ese riesgo.
*Periodista del blog de la Corte Suprema de Justicia estadounidense (www.scotusblog.com). Cubre sus fallos desde hace 56 años. Aquí, un extracto de sus últimas entradas sobre la deuda argentina, antes del fallo del lunes 16 de junio.
