Luego de casi una semana de conocer la muerte de Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la investigación de uno de los mayores atentados terroristas que sufrió la Argentina, los hechos en torno a su muerte siguen tan oscuros como el atentado a la AMIA y –antes– el ataque a la Embajada de Israel. ¿Es esto una simple ironía del destino, o hay algo que explica la incapacidad de las estructuras estatales argentinas de investigar hechos, sean éstos un ataque terrorista o la muerte de un funcionario judicial?
Permítaseme tomar una perspectiva comparativa. El 11 de marzo de 2004, a las 7.37, una bomba explota en cercanías de la estación de trenes Atocha, en Madrid. En los siguientes dos minutos, otras nueve bombas detonan en trenes cercanos a dicha estación, provocando el mayor atentado terrorista perpetrado en España, que se cobra 191 muertos y más de 1.500 heridos. Esto sucedía a tres días de las elecciones nacionales que elegirían un nuevo gobierno.
A pesar de que el entonces gobierno de Aznar, por motivos político-electorales, intentó por todos los medios culpar a ETA, sus estructuras de inteligencia, policiales y judiciales detenían en la tarde del sábado 13 de marzo –exactamente dos días después del atentado– a tres ciudadanos marroquíes y dos indios, considerados los autores materiales de los atentados.
Esa misma noche, cientos de miles de españoles se manifiestan en las principales ciudades del país, acusando al Gobierno de manipulación y exigiendo transparencia. El domingo, los españoles castigaban electoralmente al partido de gobierno que intentó manipular la información, sacándole su victoria asegurada y dándosela al partido de la oposición.
Tres años después, en febrero de 2007, comenzó el juicio por el que se acusó a 29 personas, se utilizó a 98 peritos, y se escuchó a 650 testigos. Allí, el tribunal condenó a Jamal Zougam y Otman el Gnaoui a 42.917 años de prisión por ser encontrados autores materiales del atentado; a José Emilio Suárez Trashorras a 34.715 años de prisión, por ser cooperador necesario; a Hassan el Haski, Fouad el Morabit, Saed el Harrak, Mohamed Bouharrat, Youssef Belhadj, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachid Aglif, Abdelmajid Bouchar, Hamid Ahmidan, a penas de entre 18 y 12 años, por su pertenencia a la banda terrorista; a Rafá Zouhier, Nasredine Bousbaa y Mahmoud Slimane, a penas de entre 10 y 3 años, por colaborar con la banda terrorista; y a Antonio Iván Reis y Sergio Alvarez Sánchez a 3 años de prisión por su involucramiento con la trama de explosivos utilizados en el atentado.
La mención de este caso viene a ilustrar los siguientes puntos: primero, la experiencia internacional indica que –a diferencia de otros delitos complejos– el terrorismo tiene un índice de esclarecimiento altísimo; segundo, el esclarecimiento de un hecho terrorista se encuentra en directa relación con el profesionalismo de las instituciones policiales, judiciales y de inteligencia involucradas en su investigación.
En este sentido, el drama argentino en este tema no es que la política enturbió desde el comienzo el caso AMIA. El atentado a la Embajada de Israel no tuvo la misma politización y, sin embargo, sufrió el mismo derrotero. Por el contrario, el drama es mucho peor, pues una vez más revela que el sistema de seguridad y judicial argentino es incapaz de investigar, esclarecer y condenar cualquier hecho que esté por encima del delito in fraganti o de autor conocido.
Aunque la culpa por ello involucra a tres gobiernos distintos –Menem, la Alianza, y el actual–, el ciclo de los Kirchner carga con la responsabilidad mayor, pues durante 12 años dispuso como ninguno de la suma del poder público para realizar un cambio estructural, sin oposición a la vista que obstaculice dicho cambio, y con superávit fiscal y recursos para invertir en la profesionalización de las estructuras de seguridad. Lo único que le faltó fue la voluntad de cambio. Y hoy pagamos las consecuencias de ello.
*Politólogo. Especialista en seguridad.
