A partir de la declaración del ministro de Economía, Amado Boudou, afirmando que la inflación es un problema sólo para las clases medias y altas, se desató una polémica con críticas provenientes desde distintos sectores del pensamiento económico y de la vida política nacional (incluso del propio oficialismo).
Está comprobado que la inflación es un fenómeno regresivo, que erosiona directamente el poder adquisitivo de aquellos que viven de ingresos fijos. Se genera, en consecuencia, una redistribución del ingreso desde los asalariados hacia el resto de los sectores. Una inflación impulsada por el aumento de los precios de los alimentos es aún más regresiva, dado que, además de reducir el salario real, arremete contra el ingreso de aquellos que tienen una mayor propensión a consumir lo esencial.
Nuestra inflación genera más pobreza e indigencia porque encarece el precio de los bienes básicos, que representan –en la mayoría de los casos– la totalidad del consumo de las clases sociales de menores recursos. De acuerdo con el Indice de Precios al Consumidor elaborado por Economía&Regiones (IPC E&R), entre octubre de este año y el mismo mes del año pasado, los precios minoristas habrían acumulado un incremento promedio del 25,3 por ciento.
Sin embargo, al analizar el impacto de dicho aumento en las distintas clases sociales, se observa que los más afectados por la inflación son los de ingresos más bajos: los indigentes (28%) y los pobres (26,9%). Por otra parte, la variación fue inferior para el grupo de mayores ingresos: la clase media alta (25,7) y la clase alta (24%).
La diferencia se explica en el aumento de los alimentos y en el crecimiento más moderado de los precios de los servicios, que tienen una mayor incidencia en la canasta de consumos de las clases medias y altas. Esta tendencia se explica al considerar que las tarifas públicas se encuentran contenidas por el Gobierno nacional que intenta, por ese medio, frenar la inflación.
Los alimentos y bebidas, por su parte, no dejaron de estar en la mira de la secretaria de Comercio, pero en estos rubros la política antiinflacionaria se limitó a intervenir en el mercado tratando de frenar, sin éxito, los precios de los productos más importantes de la dieta de la población.
El caso más serio es el de la carne. La faena presenta una merma del 23% para el primer semestre de este año, respecto del mismo período del año anterior. La política de precios máximos (y cupos de exportación) que instauró esta administración para intentar contener la inflación a partir del año 2006, trajo aparejada una caída en la rentabilidad del sector; que además de generar una contracción de la oferta, fue disipando los stocks existentes y llevándolos a niveles mínimos históricos.
En la Argentina, el fenómeno inflacionario es multicausal. Deviene de las políticas públicas de impulso a la demanda agregada (política fiscal expansiva, inyección de liquidez) en un contexto de insuficiente inversión y con una alta utilización de la capacidad instalada.
El impacto de la suba del precio de las materias primas en el mundo también tiene sus consecuencias internas. Sin embargo, el caso más relevante para el consumo local, el valor de la carne vacuna, no responde a los vaivenes globales: el precio internacional mostró en los últimos doce meses un aumento del 19%, contra el 114% de incremento en las góndolas de nuestros supermercados.
Por otro lado, la falta de competencia y las conductas censurables respecto de acuerdos de precios entre las empresas tienen siempre secuelas inflacionarias, pero no en una magnitud que pueda explicar una suba de precios de más del 25% anual.
Hoy no están dadas las condiciones para una espiralización descontrolada de los precios. No obstante, hay que entender que la inflación es un problema grave.
Tanto la teoría económica como la evidencia empírica han demostrado que, si bien puede en el corto plazo impulsar artificialmente el nivel de actividad, reduce la tasa potencial de crecimiento económico de largo plazo, ya que desincentiva el ahorro (el crédito) y la inversión. Por otra parte, la estabilidad de precios es condición necesaria para reducir la pobreza y la indigencia.
Hay otro aspecto, menos analizado, y que tiene correlatos políticos: es el efecto de la inflación sobre la ética ciudadana. Entre los más humildes, se está produciendo una sustitución de ingresos que resultan del trabajo (en general del sector informal), por planes asistenciales originados en una caja pública que –todavía– luce robusta. El ingreso por el trabajo se licua.
En su lugar, las familias viven de recursos repartidos, más o menos discrecionalmente: los chicos aportan las asignaciones universales por hijo; la abuela, la jubilación para amas de casa; el abuelo, una jubilación inesperada, producto de la moratoria previsional de 2009; todo esto sin contar con la posibilidad de que alguno de los padres sea beneficiado por el Programa Familias, o por alguno de los tantos programas que manejan con probada eficacia el Ministerio de Desarrollo Social o el de Trabajo.
Estos planes sufren también la desvalorización por la suba de precios, pero sumados, permiten a esas familias transitar circunstancialmente este contexto.
Pero, en esa sustitución de trabajo por asistencia social, la comunidad argentina pierde autoestima, capacidad de trabajo y conciencia ciudadana.
