La causa que investiga la filiación de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble volvió a estancarse. Después de años de vaivenes judiciales, apelaciones e impugnaciones, el ADN de Felipe y Marcela había llegado esta semana al Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand, donde se iba a cotejar con las 500 muestras de familias de desaparecidos. Pero un recurso interpuesto a último momento por el abogado de los Noble, Jorge Anzorreguy, logró que la pericia, prevista para el lunes a las 9, se frenara, al menos temporalmente.
Abuelas de Plaza de Mayo ya apeló la decisión. “Es insólito: el recurso fue presentado a las 7 de la mañana. En tres horas, sin resolver si lo aceptaba o no, la Cámara suspendió el inicio de los análisis. No tiene precedentes. Si en esta causa no estuviera involucrada una persona de tanto poder, el caso ya se hubiera esclarecido hace años”, dijo a PERFIL el abogado de Abuelas, Alan Iud.
“Nosotros apelamos ante Casación porque la Cámara de San Martín nos negó las apelaciones. Creemos que los análisis se tienen que hacer en el Cuerpo Médico Forense y cotejarse sólo con los grupos de las dos familias reclamantes y no con todas”, afirmó a este diario Anzorreguy. La semana que viene, entonces, Casación deberá decidir si acepta o no la medida interpuesta por la defensa. Si la admite, entrará en estudio la cuestión de fondo. De lo contrario, la pericia seguirá su curso y el resultado puede demorar un mes.
Qué se investiga. En la causa que tiene a cargo el juez federal de San Isidro, Conrado Bergesio, se investiga la apropiación de menores y la supresión de estado civil de Marcela y Felipe Noble Herrera. La hipótesis de la fiscalía es que Felipe y Marcela son hijos de desaparecidos, arrebatados a sus padres biológicos por los militares y que los expedientes de adopción fueron adulterados. ¿Por qué? En primer lugar, Herrera de Noble declaró que en 1976 vivía en San Isidro cuando dejaron en la puerta de su casa una caja de cartón con Marcela adentro. La Justicia corroboró que ese año la señora tenía residencia en Capital Federal. Además, Ernestina puso como testigos a una vecina fallecida y a un jardinero que resultó ser el chofer de la familia Noble. Sobre el caso de Felipe, declaró que estaba ella en el juzgado justo cuando la madre fue a dejarlo para que lo adoptaran. Según Anzorreguy, esas irregularidades “ya fueron desestimadas por la Cámara”.
La causa se inició en 1999 con la presentación de dos familias de desaparecidos, Miranda-Lanouscú y Gualdero-García. La primera reclama la filiación de Marcela; la segunda, de Felipe. El 17 de diciembre de 2002, imputada por los delitos de apropiación y supresión de estado civil, Ernestina Herrera de Noble fue detenida por orden del juez federal Roberto Marquevich. El magistrado fue destituido un año después por mal desempeño en sus funciones, acusado de efectuar una detención “arbitraria” y la causa pasó entonces a manos de Bergesio. Al expediente se sumó, como parte de la querella, Abuelas de Plaza de Mayo en representación de las otras familias de desaparecidos.
El análisis. El 29 de diciembre pasado Marcela y Felipe se sometieron voluntariamente a la extracción de sangre en el Cuerpo Médico Forense. En el caso de Marcela se incluyó también una muestra de saliva. Se guardó todo en un sobre lacrado, con la firma de un abogado de Abuelas, Mariano Gaitán, para convalidar el test. Al día siguiente, el juez ordenó llamativamente un allanamiento en las casas de los chicos y procedió a incautar prendas y objetos íntimos para obtener también de allí el patrón genético. Este allanamiento fue cuestionado por Abuelas y por querella de las dos familias, a cargo de Alcira Ríos, por irregular. Todos esos elementos estuvieron meses en el despacho de Bergesio, pero ahora están en manos de los médicos del Durand. Es que después de varios recursos e impugnaciones, la Cámara Federal de San Martín le ordenó al juez que tomara con urgencia las muestras de ADN y le advirtió, además, que las medidas de prueba no eran apelables. En síntesis, lo intimó a acelerar el proceso porque consideraba que el magistrado estaba dilatando la situación.
