La intrusión del espacio público y privado, tolerada, protegida y “representada” por el Estado, es un corolario fatal del desprecio por el orden legal. A veces la opinión pública no registra inmediatamente los golpes contra los fundamentos jurídicos de la sociedad, más tarde sufre sus brutales consecuencias.
Un amplio grupo de abogados nos congregamos en la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, alarmados ante la violación brutal del orden jurídico en sus principios más básicos.
Los ataques a la ley no son menos perversos si sus víctimas son muchas o pocas, personas que nos caen simpáticas o no. Degradan las bases de la convivencia y abren camino al caos y al despotismo.
Hay ataques que son notorios y saltan a la primera plana de los diarios, otros que quedan silenciados.
Véase este caso. En el penal de Marcos Paz (Unidad R IV), como en otras cárceles, se desarrollan cursos que dicta la UBA. Días atrás, uno de los profesores, el abogado Rodolfo Raffo, que dicta Sociología, al iniciar su clase exigió el retiro de uno de los cursantes, invocando que éste se encontraba procesado por delitos de lesa humanidad. El aludido –Dr. Carlos Jurio– está procesado (es decir, no ha sido juzgado todavía) bajo ese título. En cualquier caso, ¿habría que tratarlo como a una no persona, quitarle incluso la posibilidad de estudiar?
Se abrió un expediente. Raffo se defendió con una variedad del concepto de obediencia debida: “Atento a lo ordenado por la Universidad de Buenos Aires, él no debe impartir clase a internos con ese tipo de causas”.
Esto viola la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un precepto básico del consenso ético y jurídico sobre el que se asienta nuestra civilización reside en que la ley debe ser cumplida por todos y ser aplicada a todos por igual, cualquiera fuese la razón que se invoque para hacer algo distinto a ello.
*Miembro fundador y vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
