Una de las principales distorsiones que a menudo se manifiestan en el ejercicio del poder –en todas sus formas– es la aplicación de lo que podríamos llamar la lógica de la ilógica. Cuando ello sucede, se adoptan decisiones que generan tanto desconcierto y controversia que al final terminan siendo inaplicables o contraproducentes.
De ese tipo de situaciones hubo abundancia en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Una de las promesas de Mauricio Macri fue alejarse de esas conductas. Sin embargo, algunas decisiones tomadas en lo que va del año y casi dos meses de su gestión han defraudado esa expectativa. Ejemplo de ello fue el entuerto judicial desatado alrededor del aumento de las tarifas del gas. Lo ocurrido con tres decisiones adoptadas entre diciembre y enero ha ido en el mismo sentido.
La primera: el envío del proyecto de modificación al mal llamado mínimo no imponible a los sueldos sin ningún tipo de acuerdo previo con la oposición, hecho que estuvo a punto de significarle al Presidente una derrota que lo hubiese dañado políticamente. La segunda y la tercera son de estos días: el anuncio de modificación del sistema de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la transformación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzo.
Respecto al tema de las ART hay coincidencia –incluso en muchos sectores del gremialismo– en que se debe introducir en ese régimen modificaciones que restablezcan un equilibrio que en la Argentina ha sido siempre difícil de alcanzar. Así como está concebido hoy, termina siendo palanca de apoyo para la industria del juicio, hecho que finalmente afecta al mercado laboral. Debido a esto, muchas empresas (sobre todo pequeñas y medianas, motor fundamental en la creación de empleo) se muestran reacias a contratar más personal. En los 90, la balanza estaba inclinada hacia el extremo opuesto, alternativa de la que muchas empresas se aprovecharon en desmedro de sus trabajadores.
Es pues un asunto extremadamente delicado en sus consecuencias como para que el Gobierno pretenda saltearse el imprescindible debate que debe darse en el ámbito del Poder Legislativo. El DNU es una muy controvertida herramienta institucional que sólo debe usarse excepcionalmente. Esto, que ha sido repetido hasta el cansancio, no ha sido óbice para que el Presidente recurra a esta herramienta con excesiva frecuencia. Esto, a su vez, contradice el discurso republicano de Cambiemos. Lo que también inquieta es una falta de aprendizaje por parte del Gobierno de lo acontecido a lo largo de su primer año de mandato, en el que resulta claro que cada vez que buscó atajos para evitar el consenso con las otras fuerzas políticas, las cosas no le salieron bien.
Acordar. El mapa político que quedó después de las elecciones de 2015 le dio a Cambiemos una cuota de poder limitada, a diferencia de la suma del poder que obtuvo CFK en 2011 como consecuencia de su resonante victoria con el 54% de los votos, que le permitió dominar –literalmente– el Congreso y manejarlo a su antojo. Hay quienes creen que actuando de esta manera –es decir, por medio de la imposición y no del consenso– se dan señales de autoridad que pesan a la hora de crear las condiciones para atraer las inversiones de las que tanta necesidad tiene la Argentina. No saben cuán equivocados están.
Una medida de tanta endeblez –que podría ser revocada a su vez a través de otro DNU– de ninguna manera puede ser imán para alguna nueva inversión significativa. A esta altura, el jefe de Estado debería tener plena conciencia de que la barrera para atraer nuevas inversiones productivas la representa la conducta a futuro del peronismo. En la medida en que lo tenga de opositor cerril y sin posibilidad de consensuar políticas de Estado, ningún inversor potente se sentirá demasiado entusiasmado de instalarse en nuestra geografía.
Otra medida incomprensible es la modificación –de fijo a movible– del feriado del 24 de marzo. Pocas veces se ha visto una decisión tan falta de tino en su forma y en su fondo. No se entiende la falta de consulta no sólo a los diferentes organismos y referentes de los derechos humanos, sino también a los de la política. Por qué causar un nuevo foco de conflicto donde no lo había. La explicación del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ha sido pobre en su argumentación.
El Gobierno ha cometido una fenomenal torpeza que ha encolumnado en las críticas no sólo a la oposición sino también a muchos dentro del oficialismo, como la opinión contraria de Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
Es la economía... En el medio de estas idas y vueltas está la realidad económica, en donde las dificultades siguen siendo muchas. En lo macro, las cosas están un poco mejor. El problema es que, en lo micro, esas mejoras aún están lejos de llegar a la gente, no sólo de los sectores más desfavorecidos sino también de la clase media. No se percibe bien cuán claro tienen esto quienes toman decisiones en el entorno presidencial. Hay tensiones que irán creciendo. Ahí está en punta la CGT, anunciando un plan de lucha cuya escalada culminará en un paro nacional. La advertencia ha sido lanzada sin eufemismos.
Miguel Bein –economista serio que supo ser hombre de consulta de Daniel Scioli en la campaña presidencial de 2015– acaba de señalar que hay una reactivación que viene sucediendo desde noviembre, que la inflación estará en el orden del 23% y que hay recuperación del empleo. Pero todo es paulatino y, por lo tanto, no alcanza para solucionar el ahora de mucha gente que la está pasando mal. La insatisfacción no sólo proviene desde el ámbito laboral, también en los empresarios hay críticas.
Febrero arranca con el aumento tarifario de la electricidad. Eso irá a precios. Se calcula que en el primer cuatrimestre tendrá una incidencia de 3%. Jorge Todesca, titular del Indec, ha dicho que el índice de inflación ideal para el primer cuatrimestre de este año no debería superar el 5%, lo cual parece de dudoso logro si se toman los cálculos de enero y febrero.
El presente socioeconómico es preocupante para el Gobierno no sólo por la conflictividad social que alimenta sino también por la elección legislativa de octubre. Superadas las vacaciones, se ve que en las cabezas del oficialismo se ha comenzado a trabajar en este objetivo. Ganar va a ser muy difícil. Las encuestas en la provincia de Buenos Aires no son buenas para el oficialismo. Lo único positivo para Cambiemos es que la tiene a María Eugenia Vidal, cuya buena imagen está consolidada. El problema es que no puede ser candidata, salvo que alguien con afán suicida quisiera repetir la experiencia de las listas testimoniales que tan mala fue para el kirchnerismo en 2009. Los candidatos de Cambiemos marchan terceros cómodos.
La realidad le marca al Gobierno la necesidad de ampliar su base de sustentación. Ante esa evidencia, los resquemores entre la gobernadora y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, parecen haber quedado en el pasado luego de la comida que compartieron hace unos días. Ambos reconocen la necesidad de incorporar a hombres del peronismo no sólo como alternativa electoral sino también de gobernabilidad.
La incógnita electoral la representa Cristina Fernández de Kirchner, quien a pesar de todas las denuncias en su contra mantiene un caudal de votos importante que no tiene nadie más en el peronismo. Es notable lo que está sucediendo en el PJ: salvo la dirigencia de La Cámpora y algunos intendentes ultra K, son muy pocos los dirigentes de peso que se encolumnan tras ella. Sin embargo, ningún otro dirigente –ni siquiera Scioli– la supera en intención de voto. A su vez, en el rompecabezas electoral que se presenta hoy, CFK sabe que sin la presencia dentro del peronismo de Sergio Massa las cosas también serán difíciles para ella.
A escuchar. Lo sucedido con las escuchas judiciales que la comprometen es grave por donde se lo mire. En la distorsionada visión del kirchnerismo y sus acólitos de Justicia Legítima, se escandalizan por la filtración de esas escuchas. Lo que ocurre en verdad es que cada uno se escandaliza con estas cosas según en qué vereda de la geografía política se encuentre. Si estas escuchas hubieran sido comprometedoras para Macri, la misma CFK, que hoy dice sentirse perseguida, estaría convalidándolas. En verdad, lo grave es el contenido, así como también el hecho de que el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de ese entonces, Oscar Parrilli, se haya llevado a su casa 88 CD con escuchas que de ninguna manera debió haber sustraído de su lugar.
Hay que recordar que esas escuchas habían sido dispuestas por un juez federal, Ariel Lijo. La conversación entre CFK y Parrilli refleja tanto el abuso de poder de CFK como su trato con los miembros de su gobierno. Utilizar la palabra “pelotudo” no es ningún delito. Es una vulgaridad, y ése es un atributo –su repertorio es vasto– harto conocido de la ex presidenta.
El asunto clave radica en el propósito de armarle una causa a Jaime Stiuso. Ese “armado” es la demostración del abuso de poder que fue tan patente durante toda la gestión K. Pasaba lo mismo cuando ordenaba a la AFIP apretar a quienes criticaban a su gobierno. El kirchnerismo se creyó no administrador sino dueño del Estado. El “vamos por todo” no fue un eslogan de campaña, sino un proyecto de poder.
Producción periodística: Santiago Serra.
Por hallarse de viaje, Jorge Fontevecchia volverá a su habitual columna el próximo fin de semana.
