La gestión económica de Mauricio Macri comenzó a toda marcha. En poco tiempo, el Gobierno eliminó el cepo cambiario, quitó retenciones a las exportaciones y llegó a un acuerdo con los fondos buitre para terminar con una década de juicio y liberar el acceso al mercado de deuda. Pero esas decisiones iniciales, que economistas y empresarios valoraron, no se tradujeron en un mejoramiento en el nivel de vida para la mayor parte de la sociedad argentina. Esto incluso, a pesar de los esfuerzos puestos por el Gobierno para que los sectores más vulnerables transitaran la crisis de “normalización” con algún alivio: extensión de los salarios familiares a monotributistas y asalariados con remuneración por debajo del mínimo no imponible; ampliación, aumento y actualización real de haberes, remuneraciones y ayudas sociales, puesta en marcha de la Ley de resarcimiento histórico para jubilados, pensionados y adultos mayores excluidos del sistema; reactivación de la obra pública a través de obras de infraestructura social, entre otras medidas.
La prioridad puesta en la política antiinflacionaria, a través de medidas monetarias y cambiarias, contrajo el mercado interno, afectó a economías regionales, agravó la recesión y puso en jaque a miles de micropyme y empresas familiares, así como a los trabajadores ocupados en dichas unidades productivas. En ese contexto económico, no debe extrañar que tengamos todavía una pobreza de 32% del total de la población y un desempleo abierto de 9,2% de la población activa y un 45% de ocupados –asalariados y no asalariados– no afiliados de la seguridad social. Aunque en gran medida se trata de problemas heredados del período anterior, son cifras extraordinariamente altas, y la actual transición en materia de política económica –incluyendo la incipiente recuperación de los últimos meses– no será suficiente para revertir de manera el problema si no se asumen desafíos de otro tipo.
Para que la anunciada luz al final del túnel no sea un nuevo espejismo ni dure apenas un ciclo político, requerirá mucho más que una mera reactivación. En función de resolver los problemas estructurales de una sociedad que reproduce de manera crónica la pobreza y agrava de manera persistente las desigualdades sociales, requiere, entre otras claves, mucho más crecimiento económico, en especial teniendo como base el mercado interno; una planificada y coordinada promoción de las economías regionales y populares; el fomento de la pequeña y mediana empresa innovadora, incluyendo créditos y tributaciones especiales, una efectiva inclusión de la economía social e informal a los circuitos formales a través de normativas y subsidios especiales, mucha más educación para el trabajo y para un pleno ejercicio de los derechos sociales, entre otras medidas cruciales en clave a un desarrollo sustentable. En fin, políticas económicas, reformas tributarias y laborales, construcción de un Estado eficiente y reformas socioeducativas, todo lo cual nos permita separarnos de un pasado de fracasos conocidos, a la vez que nos proyecte a un futuro de desarrollo con equidad y nuevos desafíos.
*Conicet-UBA-Observatorio de la Deuda Social Argentina/UCA.
