La Misión para “determinar los hechos” en Venezuela desde el 2014, constituida por tres expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reveló en Ginebra nuevos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad estatal; y asimismo el proyecto de “regulación” y “control abusivo” sobre la “existencia, financiamiento y actividades de las ONG”, multiplicando trámites administrativos que “entorpecen su libre funcionamiento”.
Desde el informe precedente de septiembre del 2022, estos expertos que no cobran sueldo, ni son funcionarios de la ONU, y solo reciben viáticos para sus actividades, constatan la intensificación de “crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia” venezolanos. Denuncian “un plan para reprimir personas percibidas como opositoras al Gobierno, silenciar, desalentar y anular la oposición”, con “la ausencia de investigación y sanción de los autores”.
Al respecto enumeran 282 personas que “permanecen detenidas por causas y motivos políticos y se verifican nuevas detenciones de carácter selectivo”. En tal sentido proliferan las amenazas a sus allegados, dificultándoles conseguir “alimentos y tratamientos médico y restricciones al acceso de familiares y abogados, y constantes violaciones del derecho al debido proceso”.
Recuerdan los casos de Javier Tarazona, de la ONG FundaREDES y de 6 sindicalistas. Se añaden los periodistas Roland Carreño y Jesus Medina, perseguidos judicialmente, como parte del avasallamiento a medios de comunicación, junto a la clausura de unas 80 estaciones de radio. Se suma el falso desmantelamiento de los paramilitares de las FAES, cuyos “mandos e integrantes han sido absorbidos por la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET)”, a los cuales se les atribuyen 716 asesinatos todavía impunes.
La Misión constata que sus informes coinciden con los “patrones delictivos y líneas de Mando” que utiliza en sus investigaciones la Corte Penal Internacional (CPI), cuyos estatutos fueron inicialmente asumidos por el fenecido Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que hasta ahora no han sido renegados por el actual mandatario, Nicolás Maduro, quien ha autorizado incluso la apertura de una oficina de la CPI en Caracas, susceptible de recibir denuncias sobre la represión.
El 86% de los asesinatos de periodistas en el mundo permanecen impunes
"La Misión confirma que la CPI dispone de pruebas que se cometieron en Venezuela al menos desde 2017 “crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y otros malos tratos en centros de detención (…) que no prescriben y no pueden ser amnistiados”. Concuerdan con la CPI en que las “reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación limitada”, no obstante que “los procesos de la CPI representan un avance sustancial para asegurar una rendición de cuentas en Venezuela”.
El embajador de Venezuela en Ginebra, Héctor Constant Rosales, criticó “la deslegitimada resolución que renovó el mandato de este hostil mecanismo de monitoreo contra mi país, la cual fue rechazada firmemente por Venezuela junto a un número significativo de naciones”, sin tener presente que el mandato creador de esta Misión en 2019, se impuso por el voto mayoritario de los 47 Estados miembros de este Consejo, con 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones.
El diplomático venezolano, apuntó a una “estrategia diseñada por los Estados Unidos, sus aliados de la Unión Europea y algunos pocos países de mi región que reniegan de su identidad y prefieren agredir en vez de cooperar. Se trata de seguir utilizando los derechos humanos como instrumento predilecto de ataque contra Venezuela, para mantener activa la campaña mediática contra del Gobierno Bolivariano, así como para procurar nutrir una narrativa de supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos con oscuros fines políticos”.
Constant Rosales adelantó que su país “mantiene y seguirá cultivando una amplia y activa cooperación con este Consejo, sus mecanismos y los Órganos de Tratados creados, sobre la base de la no injerencia, la soberanía y el respeto. Y esto es una razón adicional que explica la impertinencia del mandato inquisidor que hoy nos convoca”, calificando de “esperpento politizado de selectividad e injerencia” a la “llamada Misión de Verificación de Hechos, que de manera vergonzosa instrumentaliza los derechos humanos en contra de Venezuela”.
Entre las ONG que pudieron intervenir en el debate, resaltó la intervención de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la cual condenó “la impunidad sistemática y continuada en Venezuela”. Puso en evidencia “el nombramiento el año pasado de nuevos magistrados del Tribunal Supremo, que no cumplían las normas internacionales de independencia judicial y no ha hecho nada para poner fin a la impunidad”.
A su vez la CIJ deploró “las persistentes amenazas y restricciones del espacio cívico por parte de las autoridades políticas venezolanas, la persecución y estigmatización de personas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la rendición de cuentas, y apoyar a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos". Y se sumó al repudio del proyecto de ley de ‘control’ de las ONG, que "de aprobarse, daría lugar a sanciones injustas y arbitrarias”.
Leopoldo López, ex-alcalde de Chacao del 2000 al 2008, dirigente político de Voluntad Popular, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ahora exilado en España, dio cuenta de su condena a 14 años de cárcel en Venezuela, “cuatro en régimen de aislamiento”. Informó que ya brindó testimonio a la CPI, “una oportunidad para buscar justicia imparcial, lamentablemente solo la encontramos fuera después que se nos negara la justicia en nuestro país”.
“La pura verdad es que en Venezuela no hay estado de derecho ni justicia. Los representantes de Maduro y alguno de sus aliados internacionales hablan de mejoras inexistentes en la protección de los derechos humanos. No solo es falso, sino que la situación sigue deteriorándose”, afirmó.
“Hemos escuchado que la causa de la calamitosa situación se debe a las sanciones impuestas, esto es también falso. Es una táctica de Maduro y de los regímenes similares para desviar la responsabilidad. La responsabilidad es solo suya”, sentenció.
“Como ciudadano venezolano y como víctima de la injusta justicia alabo el esfuerzo realizado por esta” Misión de la ONU, “para darle visibilidad a las atrocidades que Maduro y sus representantes siguen imponiendo al pueblo venezolano, el único camino para mejorar los derechos humanos en Venezuela es a través del estado de derecho y la democracia y eso significa un cambio político”, finalizó.
*Desde Ginebra, Juan Gasparini
