La ONU señala que la Corte Suprema de Perú confirmó recientemente la sentencia contra César Estrada Chuquilín (10 años de prisión). Agrega que los defensores de derechos humanos Jaime Trinidad de la Cruz Gallegos (12 años y 4 meses) y Jesús Mariano Cornejo Reynoso (7 años y 4 meses) fueron sancionados a tal efecto en primera instancia por el Primer Juzgado Colegiado Supra Provincial Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Estos Relatores y expertos mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, añaden que Estrada Chuquilin es periodista y defensor de derechos humanos, y que ha denunciado los desalojos forzados, el hostigamiento a la población y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto, conocida como "Conga", propiedad de Yanacocha S.R.L. A causa de sus denuncias este periodista y defensor de derechos humanos fue condenado por presunta extorsión a un contratista de Yanacocha S.R.L, y su recurso fue rechazado.
A su vez, Cruz Gallegos y Cornejo Reynoso fueron sentenciados por "entorpecimiento de los servicios públicos" y "motín" en el marco de las protestas contra el proyecto minero "Tía María" de la Southern Peru Copper Corporation, en el distrito de Cocachacra, en Arequipa. Al respecto la ONU afirmó que “es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín -que conllevan penas de más de 10 años de prisión- sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente, los cuales también defienden los derechos de las comunidades afectadas", estimó Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
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En cuanto al caso de Estrada, la ONU recuerda que su caso ya había sido señalado con preocupación por el anterior Relator Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, Michel Forst, durante su visita a Perú en 2020. En tal oportunidad destacó el grave riesgo que corren quienes trabajan en la protección de la tierra, de los recursos naturales y en favor de los derechos de los pueblos indígenas.
La Relatora Mary Lawlor precisó que a pesar de los esfuerzos del Gobierno para proteger a los defensores de derechos humanos de las amenazas, los ataques y la criminalización, las el acoso contra ellos perdura en los distritos de Cajamarca y Cocachacra. Exhortó al Perú a “redoblar sus esfuerzos y cumplir con las recomendaciones emitidas para la protección de los defensores de los derechos humanos del medio ambiente". Y concluyó que "las personas defensoras no deben enfrentarse a condenas de larga duración por ejercer su derecho a defender los derechos y el medio ambiente".
