Empecemos por la parte positiva. La recuperación institucional del Indec permite que podamos comenzar a evaluar el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional en los últimos meses de la gestión de Cambiemos. Aquí terminan las buenas noticias.
Resulta difícil, casi imposible, encontrar algún indicador laboral que muestre alguna mejora en comparación con la situación existente a finales de 2015. En un contexto donde la economía mostrará tres años de caída dentro de los últimos cuatro, el mercado de trabajo manifiesta mayores niveles de desocupación y de precarización laboral, acompañados por una caída del salario real cuya magnitud remite a las crisis experimentadas por nuestro país a fines de los años 80 y luego de la caída del régimen de convertibilidad.
La desocupación se ubicó en el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, magnitud similar a la de 2005, momento en el que venía en franco descenso luego de los máximos registrados en 2002/2003. El aumento de la desocupación no fue mayor debido a un crecimiento de los asalariados no registrados y de los trabajadores por cuenta propia. En otras palabras, ante la nula creación de puestos de trabajo en el sector privado de la economía formal, las personas salen a hacer lo que pueden y como pueden, ubicándose en las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional. En números, entre el primer trimestre de 2016 y el mismo período de 2019 se crearon 946.524 puestos de trabajo: el 50% de ellos fueron cuentapropistas, el 40% asalariados no registrados y el 10% trabajadores del sector público.
El crecimiento de la desocupación es solo una de las caras del deterioro del mercado de trabajo. Los problemas de empleo alcanzan a una proporción mucho más grande de la población. En el segundo trimestre de este año la presión sobre el mercado de trabajo llegó al 35,9% de la población económicamente activa, frente al 29,6% registrado en el mismo período de 2017. Ello implica alrededor de 6 millones de personas que están buscando activamente trabajo, o que están disponibles para hacerlo.
En este marco, la proporción de asalariados no registrados volvió a incrementarse en estos años, ubicándose en torno al 35% del total. Sin embargo, en algunos aglomerados urbanos esta forma de inserción en el mercado de trabajo ya explica casi la mitad de los asalariados, dando cuenta de dificultades que difícilmente podrán abordarse con políticas focalizadas. Entre ellos se encuentran Salta (50%), Tucumán (48,5%) y Santiago del Estero (47,8%).
El deterioro del mercado de trabajo se complementa con un fuerte retroceso del salario real. Según los últimos datos disponibles, correspondientes a junio de 2019, en promedio la caída asciende al 16,7% en el sector privado registrado y al 22% en el sector público, en comparación con octubre de 2015. El deterioro de los ingresos no solo permite explicar, al menos en parte, el hecho de que más personas salgan activamente a buscar trabajo (es decir, un aumento de la tasa de actividad), sino que también tiene como contracara el aumento de los niveles de pobreza e indigencia.
A nivel sectorial el panorama en algunas actividades es directamente desolador y pone serios interrogantes sobre el futuro en el corto y mediano plazo. En particular, en estos cuatro años el retroceso del mercado formal de trabajo ha sido impactante y en algunas actividades ha sido ininterrumpido. En la industria manufacturera, por caso, la cantidad de asalariados se redujo un 11,8% en comparación son septiembre de 2015 (149.025 trabajadores menos), llegando a registrar caídas superiores al 20% en ramas como confecciones, cuero y calzado, y las manufacturas de radio y televisión. Peor aún, nada indica que este proceso de destrucción de empleo haya encontrado su piso.
La caída del empleo formal también ha alcanzado a actividades como el comercio, la construcción y el transporte y las telecomunicaciones, que actualmente se encuentran en niveles absolutos inferiores a los del año 2015. Por el contrario, los únicos registros positivos se encuentran en el sector primario, cuya contribución al empleo total es muy limitada, y en actividades como enseñanza y salud, cuyo comportamiento se explica en gran medida por el crecimiento vegetativo de la población.
En materia salarial también se registran comportamientos diferenciales, y en algunas actividades los retrocesos en términos reales superan por mucho al promedio general. Dentro de los sectores más perjudicados se encuentran la industria textil, los trabajadores de prensa y quienes se desempeñan en la Administración Pública Nacional, cuyos salarios de convenio retrocedieron en estos cuatro años un 36,7%, 32,4% y 31,2% respectivamente.
La mayoría de estos datos corresponden al segundo trimestre de 2019, es decir, son anteriores al nuevo capítulo de la crisis de balanza de pagos que aún estamos transitando. Por ende, todo indica que una vez que contemos con información oficial sobre el segundo semestre la evaluación del comportamiento del mercado de trabajo durante la gestión de Cambiemos resulte aún más desalentadora.
En enero de 2016 el por entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que cada sindicato debía saber hasta dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto podía arriesgar salarios a cambio de empleos. A la luz de los datos oficiales, el dilema se resolvió de la peor manera. La herencia de la gestión de Cambiemos en materia laboral superó los peores pronósticos y demandará medidas urgentes, tanto para frenar la sangría actual, como para impulsar un mercado de trabajo que funcione en la dirección exactamente opuesta a la verificada durante estos cuatro años.
