En la década de los 70, los jóvenes latinoamericanos nos embriagamos de utopías. Muchos despreciábamos la “democracia burguesa”, creíamos que el capitalismo y las dictaduras militares tenían los días contados, que pronto triunfaría el socialismo y empezaría una nueva etapa de la historia. La caída del Muro de Berlín, la evolución de la democracia occidental y los procesos que se desataron en el continente evidenciaron nuestros errores.
Toda guerra es estúpida y el enfrentamiento armado de esa época lo fue en grado sumo. Acompañé en Mendoza a Enrique Dussell cuando terroristas de derecha dinamitaron su casa y una astilla de madera quedó clavada en su Biblia. Ayudé después para que otros intelectuales mendocinos, encabezados por Arturo Andrés Roig, se pusieran a salvo de la represión. La sabiduría de Roig y el trabajo de varios de ellos dejaron una huella fecunda en los países que los acogieron. Otros amigos y personas queridas murieron en esa etapa negra de la historia latinoamericana.
A algunos intelectuales de izquierda esa experiencia nefasta nos hizo entender la importancia de la institucionalidad. Cuando nuestros amigos fueron apresados, asesinados o desaparecieron, comprendimos cuán importante es que los jueces sean independientes, que se respete el derecho a la defensa, que se siga el debido proceso. Nos convencimos de que los sueños en una sociedad justa deben conjugarse con la democracia, el pluralismo y el respeto a la diversidad. Es triste ver que, ahora, algunas personas que fueron víctimas de la falta de institucionalidad protagonizan “juicios populares” en contra de la prensa libre y de los opositores a gobiernos autoritarios en la región. Ese es el principio de la desmesura: medir con distinta vara los derechos humanos. Existen para los parientes y no para los adversarios. Fue malo el linchamiento cuando las víctimas eran sus seres queridos, es bueno cuando las víctimas defienden la democracia. Si en realidad se cree en principios, se los debe defender siempre, aplicados para los “buenos” y los “malos”, incluso si esos conceptos maniqueos tienen sentido.
En la política argentina ha aparecido otra costumbre: el uso de la justicia para desarmar a los opositores que pueden ganar. Ocurrió en 2005 en la Capital, cuando parecía que las listas encabezadas por Elisa Carrió serían las triunfadoras. Personas interesadas acusaron a Enrique Olivera de mantener cuentas secretas en el exterior. Fue una patraña sin ningún fundamento, que no movió ni un voto, pero ensució la política y a quienes se prestaron para eso. Otro tanto ocurrió en las elecciones de 2009 cuando un juez, destituido después por sus actuaciones irregulares, quiso implicar a Francisco de Narváez en el tráfico de efedrina porque uno de sus muchos teléfonos, manejado por un peón de hacienda, había recibido dos llamadas sospechosas. Fue una ridiculez con despliegue mediático que, por ridícula, colaboró en la derrota de Kirchner. En estos días, otro juez inicia un juicio a Mauricio Macri, acusándolo de organizar y dirigir una asociación delictiva. Cuando en un foro internacional se nos preguntó al respecto, la concurrencia estalló en carcajadas cuando supo que el problema surgía porque uno de los 120 mil empleados del municipio de Buenos Aires era un policía de apellido James, que pinchó el teléfono de tres señoras con problemas de pareja, dos empleados que ponían precios en un supermercado, dos empresarios que tenían disputas, un cuñado intrascendente de Macri y un señor que tenia conflictos con otro policía, amigo de James. Lo que tenían en común era su escasa relevancia política y que, con excepción del cuñado, no tenían nada que ver ni con el Gobierno ni con Macri. El policía ha dicho reiteradamente que nunca vio, ni habló, ni se reunió con jefe de Gobierno. En este momento, uno de los candidatos que encabeza las encuestas presidenciales es acusado de armar una asociación ilícita con un policía al que no conoce para espiar a personas que no tienen ninguna relación con él. La única razón por la que puede iniciarse un juicio con un fundamento tan ridículo es que estamos viviendo la política de la desmesura.
*Estratega político ecuatoriano.
En la Argentina asesora a Mauricio Macri.
