El diccionario de la RAE otorga dos acepciones al infinitivo “ocultar”. Ambas son adecuadas al propósito de esta columna. La primera dice: “Esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista”; la segunda define: “Callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad”. Lo que intentaremos demostrar es que la política argentina, sin distinción de partidos, aunque con diferentes grados de responsabilidad, fue cómplice u ocultó sistemáticamente las evidencias del crecimiento del crimen organizado en el país, desoyendo las advertencias de los expertos, al menos en los últimos veinte años. Cuando hoy, frente a la muerte de civiles, se discute livianamente, y con motivaciones electorales, si hay que enviar gendarmes o el ejército a Rosario, se comprueba el nivel de banalidad e imprevisión de nuestra clase dirigente.
Las advertencias a las que nos referimos provinieron de notas periodísticas, un material accesible a legos, a las que se llega con búsquedas sencillas por medio de palabras como “crimen organizado”, “narcotráfico” o “mafias”. Cualquier funcionario, diputado o senador las tuvo a su alcance a lo largo de los años en que se publicaron. Algunos de ellos, indudablemente, se interesaron por el problema, pero no quisieron, no supieron o no pudieron intervenir o legislar para revertir la situación, que fue agravándose progresivamente. Entre otros aspectos relevantes, impacta la capacidad predictiva de estos materiales: cuando la criminalidad preocupaba a pocos, los expertos anticiparon cómo evolucionaría si no se la enfrentaba. A la luz del presente, lo describieron con gran precisión.
En 2003, al inicio del ciclo kirchnerista, Juan G. Tokatlian escribió, a propósito de una ola de secuestros, una nota titulada El nefasto poder de la triple P. Afirmaba: “Tal como ocurrió en otros países, lo que está sucediendo en la Argentina muestra que se vienen sentado las bases de una industria criminal descontrolada. Esto refleja una situación sórdida que tiende a consolidarse: el entrelazamiento pandillas-policías-políticos. Las pandillas se mueven territorialmente; lo primero que pretenden es una zona liberada para sus actos e inmunidad para sus crímenes. Miembros de la policía consienten esta apropiación espacial, se hacen cómplices de la impunidad y se ligan corruptamente con las bandas más organizadas. Algunos políticos avalan los manejos turbios de los policías, lucran con las bonanzas criminales y se desentienden de formular medidas eficaces para combatir el crimen”.
En 2014, Tokatlian escribió una nota aún más precisa y predictiva, titulada La Argentina y las etapas del narcotráfico. Basado en estudios internacionales comparados, planteó las tres fases evolutivas del narcotráfico: “predatoria”, “parasitaria” y “simbiótica”. La característica de la primera es la ocupación y el aseguramiento de los territorios, lo que “es esencial –describe el autor– para defender el negocio ilegal, eliminar competidores, obtener influencia sociopolítica y garantizar la supervivencia física”. En esta fase, la violencia es progresiva y se concentra en las disputas entre bandas, suscitando una respuesta social e institucional pasiva, que implícitamente sostiene “que se maten entre ellos”. Esta etapa inquieta, pero no alarma, y ante ella se prefiere no hacer olas. Observando Rosario, se verá que es un estadio ya superado.
Si el Estado y la sociedad se desentienden, el fenómeno avanza a la siguiente etapa, la parasitaria. En ella aumenta la influencia política y económica de la criminalidad, a través de tres dinámicas: legitimación, proliferación y democratización. Se la legitima reconociéndola y aceptando de hecho sus prácticas y su dinero; la proliferación da cuenta de la diversificación de sus inversiones, a través de emprendimientos ilegales urbanos y rurales. Por último, se llega a la democratización, que Tokatlian describe así: “La multiplicación de emporios criminales, desde grandes carteles hasta cartelitos y desde organizaciones jerárquicas clásicas del estilo mafioso hasta estructuras reticulares más sofisticadas”. Todas estas modalidades –concluye– combinan violencia, cooptación de personas y corrupción. En Rosario ya se llegó a este punto, y recién ahora la elite política parece haberse anoticiado, bajo la presión de la muerte de civiles.
Si la indiferencia institucional continuara (para constatarlo, habrá que ver si las respuestas implementadas ahora son efectivas o meramente electoralistas), se llegará a la tercera fase, denominada “simbiótica”. En esta etapa, el Estado de derecho debilitado establece con el crimen una “pax mafiosa”, aceptando la configuración de un nuevo estrato social a nivel local y provincial, que vive de estos negocios y garantiza un nuevo orden corrompido pero eficaz, aprovechando la vulnerabilidad del Estado, la sociedad y el mercado. Llegados a esta fase, el problema deja de ser criminológico para ser sociológico. Y la democracia republicana se convierte en un recuerdo.
Casi diez años después del aterrador diagnóstico que hemos expuesto, Edgardo Buscaglia, un experto argentino con amplia experiencia internacional, advierte en un reportaje reciente que nuestro país se está aproximando a ser una “mafiocracia”. El síntoma es, según su opinión, que la delincuencia organizada ha avanzado sobre el mercado político. Dice Buscaglia, con certeza: “Ningún líder político conoce los orígenes del dinero que ingresa a sus partidos. Al contrario, normalmente, el político mira para otro lado y no hace muchas preguntas”.
Buscaglia sostiene que no estamos peor porque la geografía y la escala no lo permiten, pero las oportunidades que el país ofrece son muy atractivas: “Argentina es un paraíso para la delincuencia organizada mundial. La única razón por la que no padece una delincuencia más grande es porque los mercados que están en juego son pequeños comparados con México, y no están al lado de Estados Unidos”. Un cruel consuelo.
Al cabo de los años, está claro que no todos tuvieron la misma responsabilidad: desde 2003 el kirchnerismo gobernó dieciséis años y la oposición cuatro. Pero también es claro que el fenómeno crece en ámbitos locales, donde el poder político está repartido. Nadie puede tirar la primera piedra.
La cuestión a enfrentar ahora es gravísima: la experiencia comparada muestra que el crimen organizado suele devenir en terrorismo, dirigido a la población civil y a los funcionarios y periodistas que se le oponen. No sabemos cuántas tragedias más deberán ocurrir para que abran los ojos.
* Analista político. Fundador y director de Poliarquía Consultores.
