Los políticos tienen la oportunidad de rebelarse. Rebelarse contra lo que se espera de ellos. Contra el relato aceptado de que son corruptos, ineptos y que su único objetivo es el beneficio personal o partidario. Rebelarse contra lo que dicen las encuestas, el periodismo y ellos mismos. Una forma de hacerlo es sobreactuar lo que no se espera de ellos.
Racionalidad. Lo que no se espera es que, en medio de la crispación de las últimas semanas y a las puertas de una campaña electoral, escenifiquen un clima de diálogo y mesura para tratar la pandemia. Esa suerte de “paraguas sanitario” que se proponía en esta columna la semana pasada, del que participen oficialismo y oposición y que no contamine ni se deje contaminar por otros conflictos políticos.
En los últimos días, aparecieron atisbos de que un toque de racionalidad es posible, incluso más allá de lo sanitario:
El Presidente volvió a convocar a los gobernadores antes de comunicar nuevas medidas sanitarias. Rodríguez Larreta reconoció el retorno al diálogo, se sumó a las medidas de la Nación y flexibilizó su postura sobre la presencialidad en las escuelas. Santiago Cafiero se reencontró con sus pares de la Ciudad y Provincia para analizar datos epidemiológicos. Berni y Santilli se fotografiaron para informar que habían acordado reforzar los controles de circulación y accesos.
Hubo otro par de hechos que estuvieron impregnados por una racionalidad similar. Se conocieron las primeras acciones en el marco de los debates multilaterales del Consejo Económico y Social: un acuerdo para la industria audiovisual y cincuenta propuestas para la generación de trabajo. Y hubo un gesto para mostrar que existen temas que obligan a dejar de lado cualquier diferencia: la solidaridad general con el senador Estaban Bullrich, después de revelar que padece parálisis muscular.
En privado, funcionarios oficialistas y opositores reconocen la necesidad de “aflojar” con cruces que llegan a los insultos. En medio de esta segunda ola que se sube al agotamiento social y económico de la primera, parecen aceptar que en un escenario de destrucción mutua, todos pierden. Hasta la siempre indómita Elisa Carrió les explicó eso a sus dirigentes, según reveló el viernes PERFIL: “Estamos a nada del que se vayan todos. Hay que llevar concordia y sensatez, no agitar”.
Pero la guerra por las vacunas sigue siendo el terreno en el que la polarización aporta su peligrosa frivolidad. Si las vacunas sobran en el mundo y acá faltan. Si las que llegan son de menor efectividad que las que reciben los vecinos. O si se compran o se dejan de comprar por cuestiones ideológicas.
Pfizer. Este caso ejemplifica por qué es imprescindible proteger la emergencia sanitaria bajo un paraguas de racionalidad. Buscando la mayor eficiencia posible y privilegiando los hechos corroborables y la solución de los problemas.
El caso Pfizer es un ejemplo de cuando los políticos repiten lo que leen en los diarios, sin saber ni chequear
En julio, el Presidente recibió al gerente general de la compañía, Nicolás Vaquer. En agosto, Pfizer comenzó a ensayar su vacuna aquí con 4.500 voluntarios, con la promesa de que el país luego tendría prioridad. El Gobierno negoció desde el principio la compra de 18 millones de dosis, aunque por las limitaciones de la producción se pedían al menos 3 millones para enero y febrero. Pfizer requirió desde el principio un respaldo legal que lo eximiera de eventuales demandas. Puertas adentro, el ministro González García propuso un decreto para acelerar los tiempos, pero primó la postura de Vilma Ibarra de que saliera por ley. La legislación se aprobó en octubre (algunos legisladores votaron en contra por considerarla demasiado permeable a las existencias), y se cedía tanto en la inclusión de garantías soberanas (salvo las que se mencionaban específicamente, como reservas del Central, sedes diplomáticas y bases militares), como en aceptar la jurisdicción de tribunales extranjeros. En su artículo 4°, la normativa les otorga inmunidad a los laboratorios ante eventuales reclamos por la eficiencia de la vacuna, “con excepción de aquellos originados en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
Una semana después de la sanción, Pfizer respondió que esa excepción no era aceptada por sus abogados. Otra vez Ginés González sugirió la salida vía un DNU para destrabar el acuerdo, pero el Gobierno lo consideró inaceptable una vez que ya se había cedido al dictado de una ley que contemplaba el resto de sus pedidos.
Repetidores. En noviembre las negociaciones estaban rotas.
Desde entonces, los políticos y los medios de cada lado de la grieta se ocuparon de dar versiones que nunca probaron. Desde que el problema se debió a que Pfizer se negó a pagar los “retornos” pedidos por los funcionarios argentinos hasta que la embajada de los Estados Unidos presionó al laboratorio para que no vendiera vacunas en el país.
Es preocupante la cantidad de afirmaciones sin el menor fundamento que muchos dirigentes políticos hicieron en los últimos meses sobre las vacunas en general y el caso Pfizer en particular. A veces repitiendo lo que leen en los diarios, sin tomarse el trabajo ni interesarse por chequear antes de repetir errores, medias verdades o falsedades.
Los pormenores del caso Pfizer fueron más o menos públicos (los periodistas tenemos la oportunidad –y el deber– de corroborarlos con las fuentes) y la ley 27.573 de adquisición de vacunas no es tan extensa, tiene apenas 14 artículos. No es tan difícil separar realidad de fantasía.
Los contratos que el laboratorio firmó con los países a los que les vendió vacunas no son públicos, sin embargo hace dos semanas se filtró el que suscribió con Brasil. Ahí se comprobó que los debates entre los gobiernos y Pfizer no fueron una excentricidad argentina. En Brasil también generó resistencias por las condiciones pedidas, pero su presidente decidió firmar un acuerdo que, en efecto, incluyó los mismos artículos que se pedían acá y se excluyó la línea conflictiva que apareció en la ley argentina sobre eventuales negligencias.
Rebelión. Esta semana el New York Times se hizo eco de esos conflictos: “Según los informes, Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios”.
En síntesis: a diferencia de otros laboratorios, Pfizer pide más exigencias. Es así y está en su derecho. Ahora, ¿hizo bien el Gobierno en no aceptarlas? En una situación normal, quizá sí. En medio de esta urgencia sanitaria en la que la producción mundial de vacunas es escasa, es probable que haya sido un error y es esperable que ahora lo subsane.
Hoy, que se retomó la negociación para la adquisición de sus vacunas, los dirigentes deben objetivizar el problema para intenar resolverlo. Dejar de satanizar al otro y de repetir como si fuera cierto lo que no es o lo que, simplemente, no saben o no quieren saber. Y rebelarse frente a su propia ignorancia y prejuicios.
