Un conjunto de asociaciones empresariales, reunidas bajo el nombre de Foro de Convergencia Empresarial, dio a conocer un documento de posicionamiento respecto de la formulación de políticas de Estado, con vistas al nuevo ciclo político en el que ingresará la Argentina a partir de 2016.
Podría cuestionarse su tardía reacción, puesto que, salvo honrosas excepciones, antes aplaudían o toleraban, y ahora reclaman. Pero lo cierto es que no resulta fácil pedirles valentía y coraje cívico a empresarios dependientes de manera absoluta de la decisión arbitraria de un funcionario público, respecto de lo que pueden o no hacer, aun en los detalles más pequeños. Y sometidos, asimismo, a la persecución, como muchos de nosotros, de los organismos de control, impositivos, etc. Sobre todo en un contexto en donde también los jueces reaccionan, recién ahora, y todavía con cierta timidez, ante las arbitrariedades e ilegalidades que caracterizaron muchas de las medidas de gobierno.
Sin embargo, algo de autocrítica no hubiera venido mal y tampoco hubiera venido mal que se incluyera una propuesta de comportamiento de los propios empresarios como respaldo a las políticas de Estado que proponen.
Al respecto, va mi contribución.
El papel principal del empresario es usar los recursos que obtiene del entorno de la manera más eficiente posible, para maximizar su ganancia y, con ella, la de la sociedad en su conjunto, en la medida en que las reglas bajo las cuales se obtienen dichas ganancias garanticen la existencia de competencia, defiendan el medio ambiente, protejan a los consumidores y predominen, en general, regulaciones adecuadas en materia impositiva, financiera, comerciales, etc.
El Estado tiene que garantizar un marco de políticas que “obligue” a los empresarios a cumplir su responsabilidad primaria: ser eficientes y maximizar sus ganancias, que es la manera que tiene un empresario de contribuir al bienestar de la sociedad.
Sería aconsejable, entonces, que, junto al documento sobre lo que tienen que ser políticas de Estado, las asociaciones empresariales redacten ahora un Código de Responsabilidad Civil. Es decir, no sólo muestren y ejecuten acciones vinculadas con su responsabilidad social, respecto de la comunidad que los rodea, si no que, además, y dada la experiencia de estos años, se comprometan a ciertas acciones respecto de su responsabilidad como ciudadanos para defender, precisamente, las políticas de Estado que proponen.
Doy algunos ejemplos del tipo de temas a los que podrían comprometerse en su conjunto, de manera de protegerse mutuamente de las discrecionalidades y arbitrariedades de las que fueron víctimas estos años.
Un Código de Responsabilidad Civil Empresarial podría incluir no aceptar ninguna medida o regulación que no sea por escrito y fundada en ley o norma respaldatoria, obligándose a recurrir, en conjunto, a la Justicia para denunciar cualquier intento de cualquier gobierno y en cualquier jurisdicción, en contrario.
Podría incluir temas vinculados con la reconstrucción de un esquema transparente de asociación público- privada, en materia de contrataciones con el Estado, como no participar de ninguna prórroga o ampliación de contratos sin licitación previa. Denunciar cualquier acción que perjudique la libre competencia dentro de las normas y regulaciones locales, regionales e internacionales y, sobre todo, abstenerse de reclamarlas para sí, en desmedro del resto de la sociedad.
Si todas las asociaciones lo firman, ya no habrá necesidad de comportamientos “heroicos” ni de “mártires”, dado que una acción contra algún miembro se convertirá, automáticamente, en una acción contra todos.
El documento del Foro de Convergencia Empresarial es digno de ser elogiado como un marco adecuado para las políticas públicas. Pero las malas políticas públicas de estos años han sido posibles por la falta de un comportamiento civil adecuado de las elites privadas. La mayor parte de la clase dirigente argentina permitió o formó parte de la experiencia populista de estos años.
