El viernes 2, la organización internacional de periodistas Reporteros sin Fronteras (RSF), dio a conocer su ranking anual de libertad de prensa, reproducido parcialmente por los medios argentinos –PERFIL incluido– en relación con la posición de la Argentina. El análisis demuestra que el deterioro de la situación de nuestro país es en verdad alarmante. Señalaba el artículo de este diario: “Por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei”. El ranking ubica al país en el puesto 87 de un total de 180. El informe anterior de la organización, que abarcaba los primeros meses del mandato de Javier Milei, ya había reflejado una baja significativa: Argentina pasó del puesto 40° al 66°. En ese momento, RSF advirtió que “la llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.
Todo está dicho al respecto en la nota de PERFIL, por lo que no entraré en mayores detalles.
El mismo viernes 2, RSF publicó otro artículo, que vincula la libertad de prensa con los aspectos económicos de estos tiempos en los medios. “Ante las amenazas que el colapso económico de los medios supone para la independencia editorial de las redacciones y el pluralismo de la información, tal y como revela la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide a los poderes públicos, los actores privados y las instituciones regionales que se comprometan con un ‘New Deal’ (nuevo trato) para el periodismo, aplicando once recomendaciones clave”. Las condiciones para ejercer el periodismo son “difíciles” o “muy graves” en la mitad de los países del mundo. Una realidad aún más alarmante en el plano económico: tres cuartas partes de los países se encuentran en una situación deficiente en este ámbito.
Una síntesis de esas once recomendaciones:
Proteger el pluralismo mediante la regulación económica. Los medios no son empresas como las demás y no prestan un servicio como cualquier otro.
Adoptar la Journalism Trust Initiative (JTI) como referencia común, ya adoptada por más de dos mil medios en 119 países. Propone un marco de referencia común, no para juzgar el contenido sino para evaluar los procesos de producción de la información, con el objetivo de mejorar la transparencia sobre la propiedad de los medios y los procesos editoriales, así como de poner en valor a los medios fiables.
Establecer la responsabilidad democrática de los anunciantes. Se trataría de incitar a los anunciantes a condicionar sus inversiones publicitarias a criterios de fiabilidad y ética periodística.
Regular el poder de los “guardianes” digitales. Los Estados democráticos deben imponer a las plataformas digitales la obligación de dar visibilidad y remunerar a las fuentes de información fiables.
Imponer un impuesto a los gigantes tecnológicos para financiar la información de calidad.
Reforzar la información independiente y luchar contra los desiertos informativos mediante la ayuda pública al desarrollo.
Fomentar modelos de financiación híbridos e innovadores.
Garantizar la transparencia y la independencia en la concesión de ayudas a los medios.
Luchar contra el debilitamiento de los medios de servicio público.
Reforzar la educación en materia de medios de comunicación y la formación de los periodistas.
Alentar a los Estados a que se sumen y apliquen iniciativas internacionales como la Alianza para la Información y la Democracia, que ya cuenta con más de cincuenta países signatarios.
El artículo completo de RSF: https://rsf.org/es/por-un-new-deal-para-el-periodismo-rsf-llama-una-refundacion-de-los-medios-de-comunicacion.
