Desde que Chávez asumió la presidencia de Venezuela se vivieron profundos cambios en la organización política del país. Entre estos cambios se destaca un papel para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la cual asume un rol central en la sociedad venezolana y la política del país.
Como argentinos, esto nos debe preocupar. En 1976, sufrimos un golpe que cuatro décadas después sigue trayendo secuelas. El régimen militar se basó en un concepto que fue utilizado por los Estados Unidos para definir ciertos aspectos de su política exterior en América Latina, enfocándose sobre la necesidad de que los países de la región empleasen sus fuerzas armadas para garantizar el orden interno con el fin de combatir ideologías y organizaciones que se vincularan a la “amenaza comunista”. Esta denominada Doctrina de Seguridad Nacional colocaba a las fuerzas armadas como principal actor político y motor de desarrollo en el país.
El concepto se centraba en una filosofía en la cual todo individuo era “amigo” o era “enemigo”, y es aquí que encontramos con el punto más peligroso ya permitió ver al propio argentino, en la óptica de ciertos grupos y organismos estatales, como “enemigo” por su inclinación ideológica. Es con esto es que se justificaron las brutales acciones del Estado contra su propia población.
Con el fin de la dictadura en Argentina y los avances para reformar el sector de seguridad y defensa en el país, se creó un marco jurídico en el cual se logró extraer a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad interior, logrando sacarlos del escenario político y erradicando la Doctrina de Seguridad Nacional de nuestra política de defensa y seguridad. Nunca más, el argentino podría ser visto como el “enemigo”.
El problema es que en Venezuela esta transición que llevo a la salida de la Doctrina de Seguridad Nacional, simplemente no ocurrió. Y con la llegada del Socialismo del Siglo XXI esta lógica no fue abolida, sino por el contrario, fue absorbida y aplicada por los gobiernos chavistas. Claro, el enemigo ya no era la “amenaza comunista”, sino el opositor a las ideas de la revolución, y de esta manera se están justificando las acciones del Estado contra los venezolanos.
A su vez, y en plena coincidencia con las características claves de la Doctrina de Seguridad Nacional, las fuerzas armadas en Venezuela ocupan un rol central en todos los aspectos de la sociedad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy hace trabajo social, reprime protestas, realiza obras de ingeniera, se encarga del comercio exterior e interior, cumple funciones de seguridad, coordina la logística de bienes en el país, conduce acciones de inteligencia interna y es un elemento de militancia política y proselitismo esencial para el gobierno venezolano.
En términos resumidos, nuestro “aliado” en el Caribe se ha convertido en lo que Argentina ha luchado por no ser desde el fin de la dictadura. Y como ejemplo más reciente tenemos el Decreto N° 1.605 del 10 de febrero del 2015, aprobado por el Presidente Nicolás Maduro, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
El nuevo reglamento establece una estructura orgánico-funcional del aparato de inteligencia militar que se asemeja al de la dictadura que vivió Argentina. Este aparato de inteligencia se caracteriza por depender directamente del Presidente de la República para realizar operaciones de inteligencia y contrainteligencia con competencias virtualmente ilimitadas y sin control. A su vez el decreto oficializa en Venezuela la figura del “enemigo”, estableciendo un concepto amplio e indefinido de “actividad enemiga” que puede abarcar a los “enemigos” ideológicos.
Si contextualizamos esto en los años recientes repletos de represión estatal, violaciones a los derechos humanos, presos políticos en cárceles militares, cierre y censura de medios opositores, destrucción de la independencia de poderes y aumento exponencial de los poderes del ejecutivo venezolano, nos encontramos con un escenario más que preocupante.
Lo que está viviendo Venezuela hoy, Argentina ya lo vivió hace décadas.
(*) Analista Internacional especializado en defensa, seguridad y derechos humanos
