Por medio de una nueva resolución, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa de Venezuela aprobó nuevas normativas para el uso de la fuerza por parte de las instituciones militares contra manifestaciones. Dichas medidas incluyen el permiso para el empleo de armas de fuego y fuerza letal por parte del personal militar en cuanto consideren que las condiciones lo ameriten. El mayor problema con esta resolución es que evita especificar parámetros para definir las situaciones de riesgo para el personal militar, ni distingue el armamento que puede ser empleado. Esto habilita el uso de medios letales sin diferenciar entre una escopeta con perdigones de goma y un fusil de asalto automático.
Estas medidas han recibido una ola de críticas y expresiones de preocupación por parte de especialistas en materia de derechos humanos, quienes consideran que la resolución deja mucho espacio para interpretaciones libres que pueden conllevar al uso indiscriminado de la fuerza por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra civiles que se encuentren manifestando en cualquier parte del territorio nacional.
Analizando los hechos de los últimos años, vemos como la medida del Ministerio de Defensa de Venezuela es un paso más en una larga lista de acciones contra los derechos humanos y libertades civiles de los venezolanos, que se encuentran cada día mas azotados por la brutal represión estatal. Durante las protestas de febrero de 2014, murieron decenas de venezolanos y cientos más fueron encarcelados, incluyendo al líder opositor Leopoldo López que sigue detenido en una cárcel militar al igual que muchos otros presos políticos.
En cuanto a los presos políticos, las denuncias por violaciones a los derechos humanos son numerosas, así como su incomunicación frecuente e ilegal. En 2014 se le negó la visita de representantes de la Internacional Socialistas que querían verificar las condiciones de privación de libertad de Leopoldo López. Más recientemente, a los expresidentes de Chile y Colombia, Piñera y Pastrana, les fue imposibilitado el ingreso a la cárcel de Ramo Verde cuando quisieron dialogar con Leopoldo López.
Las violaciones de derechos humanos en centros de penitenciarios no se restringen a los presos políticos de alto perfil. Durante las protestas de febrero se hicieron conocer múltiples denuncias de abuso, tortura y violación de detenidos por parte de personal militar venezolano. Según cifras oficiales del gobierno, entre 2011 y 2014 la fiscalía recibió 31,096 denuncias por violaciones a los derechos humanos, de las cuales solo el 3,10% concluyó en acusaciones dando una tasa impunidad del 96,9%.
Más recientemente, ante el descontento popular por el desabastecimiento que afecta a todo el país, personal de la Fuerza Armada así como miembros de la Policía Nacional Bolivariana han detenido a aquellos que protestan en las interminables colas que deben hacer los venezolanos para comprar alimentos básicos como harina y pollo, y también han detenido a aquellos que optan por tomar fotos de estas colas para compartirlas en las redes sociales.
Cabe destacar que desde los gobiernos del fallecido Presidente Chávez, se ha atacado sistemáticamente la libertad de prensa en Venezuela. Se han cerrado canales de televisión y emisoras de radio, se han comprado a los medios opositores por medio de compañías fantasmas, y han restringido el acceso a papel para imprimir diarios, todo en un intento del gobierno para establecer control sobre la totalidad de los medios de comunicación en Venezuela.
Venezuela está sufriendo uno de sus periodos más crueles y oscuros, en el cual la represión por parte de las instituciones militares es moneda común, las violaciones de los derechos humanos no son condenadas por los órganos estatales, donde se criminaliza la protesta, se censura a los medios, se persigue y encarcela a los opositores, y con esta resolución del Ministerio de Defensa, se suprime el derecho a la vida de los venezolanos.
Como argentinos queda preguntarnos: ¿Qué postura debería asumir el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Debería continuar apoyando de forma irrestricta a su aliado caribeño? ¿O debería, por respeto a nuestro pasado, asumir una postura crítica ante la censura, la represión militar y la persecución política que se vive en Venezuela?
(*) Analista Internacional especializado en defensa, seguridad y derechos humanos; Coordinador de Investigaciones de CRIES
