La palabra “corrupción” ha dejado de ser un tabú para todos los argentinos. Lo que hasta hace poco podía provocar una gran indignación en el común de la gente, hoy no parece siquiera capaz de producir cierto asombro. ¿Nos hemos acostumbrado?
En la actualidad, una de las definiciones más conocidas y utilizadas de corrupción es aquella de Joseph Nye que dice que “es la conducta que se desvía de los deberes formales de una función pública para obtener beneficios privados, pecuniarios o de prestigio”.
En la Argentina de hoy el Poder Ejecutivo maneja los fondos públicos con discrecionalidad y arbitrariedad sin someterse a ningún control. El Poder Legislativo no concursa todos sus cargos y en su seno se admiten renuncias testimoniales. En el Poder Judicial, jueces como Norberto Oyarbide demoran o rechazan causas de corrupción de funcionarios públicos. No cabe duda de que se trata de conductas reprochables, delitos incluso, y prácticas que ejemplifican la definición de corrupción.
La corrupción hace que no podamos confiar en el otro, sea éste un par nuestro o una autoridad pública, y genera siempre la sensación de que alguien se beneficia a costa nuestra.
Un país dominado por prácticas corruptas no logra alcanzar un mejor desarrollo como sociedad. La corrupción atenta contra la salud, la educación y, en su versión más perversa, produce la pérdida de vidas.
De acuerdo con el último índice de percepción de la corrupción en el sector público elaborado por Transparencia Internacional, el 66% de América se ubica hoy por debajo del promedio. La Argentina ocupa el nada envidiable puesto 21 –sobre un total de 32 países– en una tabla que lidera Canadá y cierra Venezuela.
Si vamos al recientemente publicado Barómetro de las Américas, elaborado por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (Lapop) de la Universidad Vanderbilt, una de cada cinco personas de los países del hemisferio occidental pagaron un soborno a un funcionario público en 2012. Según estudios recientes del Banco Mundial, en la actualidad se pierde un trillón de dólares en coimas y sobornos en todo el planeta. De modo que estamos ante una conducta que no es exclusiva de nuestro país ni tampoco de nuestro continente.
Pero en el otro extremo tenemos también países como Finlandia, que cuentan con muy buenas calificaciones. Los doctores Paula y Seppo Tiihonen atribuyen el puesto menor que ocupa su país en las mediciones mundiales de corrupción, entre otras cosas, a la presencia de una fuerte tradición igualitaria nórdica –que se apoya en una burocracia basada en el imperio de la ley–, una administración abierta y transparente y una prensa libre y activa. Allí los partidos políticos reciben financiamiento público y los funcionarios no sólo tienen el deber de justificar públicamente los motivos y las decisiones de sus acciones, sino también de ser proactivos.
Casos más cercanos como el de los países vecinos de Chile y Uruguay, con bajos niveles de corrupción, nos muestran que todavía se puede mejorar nuestro desempeño. Advertimos que la corrupción también se nutre de muchas prácticas que atañen a toda la sociedad. Sentirse con derecho a copiarse en un examen, usar el teléfono de un organismo público o privado para fines particulares, no pagar los impuestos, o mirar para otro lado cuando se producen acciones de este tipo, son conductas que surgen como resultado de una confianza que se corrompe y da origen a un mayor o menor grado de complicidad que involucra todos los órdenes de la vida.
Es necesario que exista un marco de transparencia total en el que se profundicen y difundan en todos los niveles educativos la imprescindibilidad del control y rendición de cuentas, de la misma manera que tiene que haber una sanción dura para el que rompa las reglas.
Cuando hay impunidad la corrupción se banaliza y la sociedad se desmoraliza. Por eso, por sobre todas las cosas, los funcionarios públicos tenemos la obligación de actuar con el ejemplo.
*Diputada nacional (PRO).
