La vuelta de los 70

Ya se ha explicado suficientemente que la causa del repentino asalto de estatismo oficial, a contramano de sus recientes y fallidos anuncios del pago al Club de París y el arreglo con los holdouts, debe buscarse en las apremiantes necesidades fiscales del Gobierno para pagar la deuda el año que viene.
La pésima reestructuración de 2005 concentró los vencimientos en 2009 y 2010, e impidió el acceso a los mercados voluntarios.
Veníamos advirtiendo que el Gobierno había concentrado el superávit fiscal en dos fuentes principales: a) las retenciones y b) la licuación de las jubilaciones a las que no reconocía movilidad alguna, pese a que la ley vigente obligaba a ajustarlas anualmente por la evolución de los recursos, que aumentaron exponencialmente en pesos desde 2003.
El campo dio su batalla y la ganó, pero, además, los precios agrícolas se desplomaron a causa de la crisis global, por lo que nada puede esperar el Gobierno allí.
Tampoco podía seguir demorando la movilidad jubilatoria. La Corte, en los casos Badaro I y II, obligó al Congreso a su tratamiento y los tribunales reciben diariamente una avalancha de reclamos en ese sentido. La Ley 26417, que dispuso ajustes semestrales, comenzará a aplicarse en marzo próximo.
Frente a ese panorama, el Gobierno no encontró mejor salida que intentar apropiarse de los activos de las AFJP y desconocer los derechos adquiridos de los aportantes. Si lo concreta, encontrará 100 mil millones de pesos, de los cuales la mitad son bonos públicos que evitará pagar y la otra mitad son bonos y acciones privados, con los cuales podrá participar de la vida de importantes empresas argentinas, más depósitos en efectivo, que seguramente sacará de los bancos donde se encuentran, para transferir al Nación. Además, recibirá nuevos ingresos por 15 mil millones de pesos anuales que antes los trabajadores aportaban a las AFJP.
A cambio el Estado se haría cargo de las jubilaciones de los trabajadores por la parte correspondiente a los aportes a las AFJP, que son solamente 14 años y que vencerán dentro de muchos años, ya que el sistema recién promediaba el lapso promedio de vida activa de un trabajador (los que ya se jubilaron por ese sistema tienen pocos años aportados allí, por lo cual son irrelevantes las comparaciones que se hacen de los importes que se pagan por esos beneficios). Seguramente, no serán los Kirchner quienes deberán afrontar esas obligaciones; en cambio, son ellos quienes deben afrontar los vencimientos de deuda del año próximo, entre los que se encuentran los Boden 2012 que se les dieron a los depositantes bancarios en tiempos de la pesificación asimétrica de Duhalde-Remes-Lavagna.
Desde el punto de vista de los trabajadores, no hay argumento alguno. El Gobierno acaba de darles la posibilidad de pasar al sistema de reparto y casi el 90% se quedó en el de capitalización; además, quien quiere ser administrado por el Estado eligió o puede elegir Nación AFJP.
Tratemos de avizorar ahora la Argentina post estatización de las jubilaciones y descubriremos que la conocemos.
A muchos nos sorprendía que cuando compramos electrodomésticos nos dan cuotas en pesos, algo que no existía en los 70 ni 80. Eso era posible porque las AFJP descontaban las facturas. Lo mismo puede decirse del financiamiento de proyectos de inversión o desarrollos inmobiliarios.
Cuando no existían las AFJP, con todos sus defectos, que los tienen, tampoco había ahorros jubilatorios que, por definición, son, en promedio, a treinta años de plazo. La ANSES o el organismo pertinente sólo tenían obligaciones a pagar y, en general, pagaban menos de lo que debían, por eso en 1991 se les reconoció a los jubilados deudas impagas por más de 13 mil millones de dólares, que se pagaron antes del default. Además ahora hay, dijimos, otros 30 mil millones de dólares ahorrados en las AFJP, pese a que el Estado no pagó sus obligaciones como se había comprometido, al declarar el default de 2002. Quiere decir que la creación de las cuentas individuales de capitalización cumplieron en estos años un loable fin, evitar que el Estado despilfarrara el dinero de los trabajadores. Es cierto que no se logró totalmente porque las AFJP no fueron lo suficientemente enérgicas frente al default y la pesificación de 2002 y aceptaron el canje de 2005, lo que fue a todas luces un error dramático. Pero no puede sostenerse seriamente que el incumplidor de entonces, el que se vanagloriaba de la quita del 70% a los acreedores, el Estado, sea quien se proponga a sí mismo como garante de solvencia.
Debemos también decirles a los jóvenes que en el país que viene no habrá mercado de capitales, no existirán esas transacciones de financiación de proyectos, descuento de carteras o emisión de obligaciones negociables, en las que trabajan abogados, contadores, auditores y técnicos de las más variadas especialidades. Tampoco habrá auspicios de las AFJP para los programas periodísticos. Muchos clubes de fútbol, autos de carrera y selecciones deberán buscar nuevos auspicios y cambiar sus camisetas o colores.
El país que viene si esto se concreta ya lo conocemos, es el de la inflación, controles de cambio, atraso de la movilidad jubilatoria, recesión estructural y desinversión constante. Ojalá que no.

*Ex secretario de Coordinación del Ministerio de Economía.