Los representantes de los servicios de inteligencia de España expresaron sus advertencias a sus pares de Argentina. No fueron los únicos. El traslado a la Argentina de tres mil refugiados sirios, aquel anuncio que hizo Mauricio Macri como un gesto hacia las potencias occidentales que libran una guerra contra el Estado Islámico, exigía una supervisión en materia de seguridad más compleja que la imaginada por los diplomáticos que lanzaron la idea vanagloriándose de su creatividad.
“Nos apresuramos”, reconoció resignada el martes pasado una de las autoridades de seguridad local sobre cuyas espaldas recaerá el peso de prevenir que nadie venda gato por liebre, en otras palabras, que entre las víctimas del sangriento conflicto de Siria no se escabullan terroristas.
El principal problema que advirtieron los servicios de inteligencia extranjeros fue la proliferación de pasaportes sirios falsos.
Cuando París fue golpeada por atentados el 13 de noviembre de 2015, el rastreo de los documentos apócrifos ratificó que eran relativamente fáciles de conseguir, por ejemplo, en el mercado de Turquía. En aquel entonces, Peter Bouckaert, un experto en crisis humanitarias de Human Rights Watch, alertó al mundo acerca de que los pasaportes falsos “son adquiridos por ciudadanos de otros países que tratan de pasar por sirios” para aprovechar los beneficios que se otorgan a los refugiados.
Tanto en Argentina como en Paraguay ya hubo sirios detenidos con pasaportes falsos, en su mayoría robados en Grecia.
Las autoridades alemanas calcularon que al menos un tercio de los refugiados sirios llegaron a su país con documentación apócrifa. Sin embargo, la estimación generó controversia de parte de otros sectores de la vida política alemana que la consideraron exagerada, motivada en la discriminación y la ubicaron en torno al 10%. Cualquiera sea la cifra final, la certeza extendida entre las agencias internacionales de inteligencia es la existencia de un activo mercado negro de pasaportes que lucra con el conflicto de Medio Oriente. Y obliga a acompañar la ayuda humanitaria con inevitables controles de seguridad.
Los servicios de inteligencia argentinos, que se pelean en público por ver quién encontró diez barriles de pseudoefedrina en Ezeiza o se acusan de espiar a los propios funcionarios, parecen lejos de despejar todas las inquietudes.
