Estamos a pocos días de una segunda experiencia de este raro invento kirchnerista de las PASO, que a su vez forman parte de una mal llamada reforma política, que sancionó un Congreso en su peor momento de legitimidad, entre la derrota oficialista de mediados de 2009 y la concreción práctica de dicha derrota, en diciembre de ese año.
Y si bien en algunos distritos y en algunos partidos las elecciones primarias servirán para dirimir candidaturas y la composición de las listas, lo principal de los votos de agosto es que permitirán tener una idea más clara acerca de cuáles son las perspectivas electorales de los candidatos en las “verdaderas” elecciones de octubre.
Por supuesto que entre agosto y octubre las preferencias de la sociedad pueden modificarse, y que ante el resultado concreto del gran censo de las PASO también pueden variar las actitudes y estrategias de los candidatos, sean oficialistas u opositores, en su intento por consolidar o alterar resultados. Sin embargo, resulta difícil imaginar que las elecciones de octubre puedan mostrar diferencias contundentes respecto de lo que, desde el punto de vista económico, importa para el corto plazo: la fortaleza o debilidad política del gobierno de Cristina en sus hasta ahora últimos dos años de mandato y el eventual surgimiento de liderazgos alternativos para sucederla.
El Gobierno ha podido, por el momento y gracias a un escenario global benévolo, barrer debajo de la alfombra problemas estructurales “ganados” durante esta década. Y enfatizo que durante toda la década y no sólo en los últimos años. Simplemente les recuerdo la tendencia al crecimiento sistemático del gasto público. La política de “divorcio” de los precios internos respecto de los internacionales y su consecuencia sobre la oferta de bienes, los subsidios y el deterioro creciente de la infraestructura. La conversión del sistema jubilatorio en una mezcla de un alto e indiscriminado subsidio universal a la vejez, y bajos montos de jubilaciones de reparto, con un Anses desfinanciado y liquidando mal sus compromisos. El relato del desendeudamiento. El aislamiento comercial externo. La destrucción de lo que quedaba del federalismo. La discrecionalidad y opacidad en el manejo de la cosa pública. Y, en general, la pérdida de eficiencia y productividad producto del capitalismo de amigos (convertidos, en los últimos años, en apenas “conocidos”), con fuertes incentivos a la concentración económica, formaron parte del repertorio original del kirchnerismo desde un principio.
Las elecciones de octubre y su “anticipo” de agosto nos podrán dar una idea de qué tipo de gobierno tendremos “conviviendo” con los intentos de cambiar este escenario económico de cuasiestancamiento (en niveles altos, es cierto) y una tasa de inflación en torno al veintipico por ciento anual.
Porque resulta difícil proyectar, en particular ante los cambios que se irán produciendo en el escenario global, dos años más de “crisis administrada” de la manera en que se ha administrado (si se puede usar dicha definición) durante los últimos dos años.
En efecto, la Presidenta consideró que el 54% de los votos le permitían reemplazar con el mero ejercicio del poder y el voluntarismo una buena política económica.
La realidad, como mencionábamos la semana pasada, la ha obligado, sin embargo, a desdecirse y a inventar nuevos engendros de la mala política económica para reemplazar a los fracasados.
El acuerdo con Chevron, o el desesperado y por el momento poco exitoso “traigan dólares por favor, no los vamos a defraudar”, o la marcha atrás en la pesificación de las transacciones inmobiliarias son algunos de los ejemplos citables.
El resultado electoral de octubre, entonces, definirá la capacidad política del Gobierno para seguir probando alquimias, o su necesidad de negociar con los nuevos liderazgos la política económica de los próximos dos años.
Al respecto, con toda humildad y espíritu de colaboración, si los eventuales nuevos líderes no le empiezan a plantear con sinceridad a la sociedad los costos que implica solucionar los desaguisados ganados en la década (siempre menores que los costos de no empezar a corregirlos) y no se diseña una transición ordenada y realista, se corre el riesgo de volver, más temprano que tarde, al fatídico escenario del “que se vayan todos”.
