Otra vez se repite la preocupación por los posibles saqueos, anticipados por los pedidos de alimentos frente a supermercados, que nos muestran la persistencia de la pobreza, el impacto de la inflación y, sobre todo, la permanencia de síntomas de disociación social en los barrios que no pueden ser contenidos por el Estado. A pesar del crecimiento y las transferencias monetarias, Argentina sigue sin poder solucionar el problema de la pobreza y sus consecuencias.
Se requiere, por tanto, un nuevo paradigma que al crecimiento económico y a los planes les agregue bienes públicos de calidad y mas cercanía con la gente.
Pero si hablamos de bienes públicos, es tal el tamaño de las carencias que parece imposible cubrirlas en un tiempo corto. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 60% de las familias más pobres no tiene acceso a agua y cloacas; el 55% no tiene acceso a gas por red y el 42% vive en barrios cuyas calles se inundan. La mala calidad de los servicios básicos en los barrios genera una sensación de marginación que hace muy difícil la plena integración a la dinámica social. Es un desafío urgente porque cada año que pase será un año más de exclusión, frustración y tal vez violencia.
De aquí, entonces, el inevitable tema de las prioridades. El despilfarro de Aerolíneas fue un ejemplo prístino. Pero otro ejemplo que pasó inadvertido fue el de la venta de las licencias para nuevas frecuencias de comunicación conocidas como 4G, que es anticipo de lo que la sociedad hará con los ingresos de Vaca Muerta.
La historia de la Argentina está tapizada de decisiones que han preferido el presente al futuro y en las que se usaron stocks para pagar gastos corrientes en lugar de hacer inversiones socialmente estratégicas. Es lo que conocemos como el despilfarro de las joyas de la abuela. Ahora los dólares del 4G se evaporarán para rellenar las exhaustas arcas del BCRA.
¿Hay otros usos potenciales para 2.233 millones de dólares?
Imaginemos, por ejemplo, disponer de 22 proyectos de 100 millones de dólares cada uno, aplicados a inversiones con efecto social multiplicador en los sectores más pobres.
Por ejemplo: un shock para mejorar la formación docente y capacitar a directores en todo el país, entrenar en evaluación de calidad educativa a los funcionarios provinciales, ampliar las escuelas más pobres para asegurar cobertura desde los 3 años, tutorías y pasantías laborales para jóvenes de 14 a 21 años, inversión en infraestructura en escuelas de zonas críticas, programas intensivos de salud sexual y reproductiva, capacitar a médicos y equipar salas de atención primaria de la salud ubicadas en zonas críticas, microcréditos despolitizados para promover el emprendimiento en los sectores marginados, transformar el sistema carcelario para reducir reincidencia, capacitación en prevención de adicciones para funcionarios provinciales y ONGs, acceso a agua y cloacas en las villas. Para asegurar que los fondos no se dilapiden, en cada uno de estos proyectos establezcamos metas de calidad y una evaluación anual de su impacto sobre los destinatarios .
Ningún gobierno ha de volver atrás con los programas de transferencias monetarias que se han desarrollado en estos años. Pero la política social no puede quedar limitada a esas transferencias. Se necesitan shocks de inversión en cuestiones estructurales que cambien íntegramente perfiles de pobreza e inequidad en muchos sectores.
2.200 millones de dólares son mucho dinero, y se podrían haber usado con criterio estratégico para recuperar el tiempo que han perdido los sectores más pobres de la sociedad en contar con las condiciones que les permita salir de su marginación.
¿Habrá que esperar hasta la próxima “joya de la abuela” para que esto sea posible?
Y, entre tanto, ¿seguiremos viendo con miedo que se aproximan las fiestas?
*Responsable de Programas Sociales Fundación Pensar.
