Como en toda negociación, el tiempo va marcando ritmos en función de la realidad de cada una de las partes. Y lo primero que hay que admitir es que estamos en pleno proceso de negociación, faltando una semana escasa para el final efectivo del mandato visible de Néstor Kirchner, que siempre se supuso y ahora lo confirmó su esposa y sucesora, fue el verdadero ministro de Economía en las sombras. Eso alcanza para explicar el curioso esquema de reportes del área y el rechazo a cualquier funcionario que por distraído, pícaro o aspirante a bonzo intente hacer caso omiso al organigrama real.
El tiempo se acaba y aún quedan casilleros por llenar. Mejor dicho, nombres propios que el futuro ministro Martín Lousteau no consigue pasar del papel al espacio público. La virtual confirmación de muchos funcionarios de la actual gestión K, de la que Miguel Peirano forma parte (queda claro que no la encabeza), va dibujando el límite al poder real que tiene el que en su momento fue presentado como joven promesa del cambio que recién empezaba. Más que como reaseguros de poder, podrían ser entendidos como testigos de innumerables problemas incubados durante los últimos años de euforia en la producción, que ahora tendrán que dar una respuesta que al menos tenga un horizonte de un período presidencial entero.
La confirmación de la continuidad del actual ministro de Trabajo, Carlos Tomada, debe ser vista como una señal de que en esa área no hay margen para jugar al ensayo y al error. Es claro que las conversaciones entre sindicatos y empresarios, siempre vigiladas más o menos de cerca por la cartera, irán subiendo de revoluciones. La lectura simplista de que el movimiento obrero organizado tiene un color político determinado que lo hace jugar en uno u otro bando hace agua con sólo repasar la historia argentina reciente.
El sindicalismo tiene su propia hoja de ruta, que incluso excede los intereses personales de quien esté a cargo, en este caso Hugo Moyano. El escándalo que terminó con la aprobación súbita del proyecto de ley que evapora el sistema de pago en tickets, además del propósito enunciado de beneficiar al trabajador, tiene otra finalidad mucho más pedestre: incrementar de un plumazo la base imponible para obras sociales y asociaciones gremiales.
El conflicto no resuelto del Banco Provincia de Buenos Aires, motivado por el pago de sumas por fuera de la remuneración y que erosiona el cálculo de las jubilaciones (el BAPRO tiene un generoso sistema jubilatorio propio en rojo permanente, amparado por el Pacto de San José de Flores), fue subiendo de temperatura ya que la dureza de los empleados choca con la ansiedad de jubilados que deben cobrar allí sus haberes.
El pedido final para destrabar la solución podría ser una analogía de lo que el gobernador electo, Daniel Scioli, le deberá pedir a la presidenta electa: que la Nación se haga cargo del sistema jubilatorio de la entidad (pero conservando sus beneficios, claro). Otro nudo gordiano, que roza el costado que empieza a preocupar como posible fogonero de la ansiedad inflacionaria: el equilibrio fiscal, mirado como una totalidad en la que debe incluirse las cuentas provinciales.
Las paritarias que vienen
Como en toda negociación, el tiempo va marcando ritmos en función de la realidad de cada una de las partes. Y lo primero que hay que admitir es que estamos en pleno proceso de negociación, faltando una semana escasa para el final efectivo del mandato visible de Néstor Kirchner.
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