La discusión sobre los holdouts ha dejado el campo de la economía desde el momento en que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza el caso argentino, el pasado 16 de junio. En rigor, la situación macroeconómica, analizada a través de diversos indicadores (nivel de reservas, deuda externa, déficit fiscal, entre otros) muestra que estamos muy lejos de un default. No es 2001.
Narrar la serie de impericias cometidas por el Gobierno en estos últimos años o apuntar al juez Thomas Griesa y el criterio de sus fallos, nos permiten entender la historia, pero no descifrar el futuro.
Por eso creo que es preferible centrarse en el dato clave: estamos negociando. El inicio de esta etapa se podía leer entre líneas luego del discurso de CFK por cadena nacional el mismo día del fallo adverso. El ministro Kicillof lo confirmaría al día siguiente. Finalmente, se pudo desterrar cualquier duda sobre la voluntad negociadora el pasado 20 de junio durante el acto por el Día de la Bandera.
El segundo punto a destacar es que lo que más desean los holdouts es cobrar. Griesa, por su parte, quiere que se cumpla el fallo, pero no a costa de hacer caer la reestructuración o poner nuevamente a la Argentina en default.
El desenlace de ésta historia dependerá, básicamente, de la racionalidad de los jugadores: el Gobierno, los holdouts y el juez.
◆ Opción 1. El ultimátum. Si el Gobierno patea el tablero y termina declarando el default, pierden todos. Para la Argentina vendrán tiempos de penurias económicas, los holdouts se quedarán sin cobrar y el juez verá las consecuencias más dramáticas de su fallo. Por esta razón, esta estrategia es poco probable, no sólo para la Argentina, sino también para las otras partes.
◆ Opción 2. La claudicación. La Argentina paga sin más. El juez y los holdouts obtendrán el máximo beneficio, pero el Gobierno sufrirá un costo político elevadísimo y asumirá un riesgo grande con la demanda de los holdings. Es decir, la famosa cláusula RUFO que obliga a igualar la mejor oferta a quienes en 2005 y 2010 aceptaron quitas para canjear sus bonos defaulteados. Tampoco aquí parece posible porque el pagador, es decir, el Estado argentino, no tiene incentivos y tampoco cash (los otros holdouts también exigirán un pago inmediato). Por ello, esta situación no es viable.
◆ Opción 3. Fifty-fifty. La oferta en la que el Gobierno paga una parte con bonos y otra en efectivo es la más conveniente para todos.
Pero si es tan sencillo, ¿por qué se demora el acuerdo? La dilación es consecuencia de la necesidad de mejorar el resultado de cara al frente interno, por la posición de extrema debilidad con que empezó a negociar la Argentina luego del rechazo de la Suprema Corte y para lograr una solución que permita eludir la cláusula RUFO en el acuerdo.
Este pasado viernes, uno de los jugadores mostró racionalidad. El juez Griesa no dictó el embargo de los fondos girados por la Argentina para el pago del cupón del bono discount, pero tampoco permitió que fueran transferidos a los tenedores de los títulos. Estamos en mora, no en default (hasta el 30 de julio tenemos tiempo). Pidió también que las partes negocien.
Los holdouts son racionales; de lo contrario no hubieran invertido millones de dólares en un juicio para ganarlo y no cobrar. Y el Gobierno, luego de airados discursos para el público local, terminó demostrando que prefiere una transición ordenada a 18 meses de penurias
*Socio y director de Analytica.
