Las Madres de Plaza de Mayo y el movimiento de derechos humanos en general fueron los responsables de la centralidad de principios liberal-republicanos tales como primacía de la ley y de debido proceso en la transición democrática argentina. Esta es la tesis de algunos politólogos e historiadores: en la Argentina nunca hubo una priorización de las instituciones políticas liberales hasta que el horror y sus víctimas reclamaron un límite institucional a la violencia del Estado. Otros investigadores sociales ampliaron la cuenta del impacto institucional de las víctimas durante el período democrático. Por ejemplo, citan el movimiento social que surgió a partir de los familiares de María Soledad Morales en Catamarca, que contribuyó en los tempranos años 90 a la caída de una dinastía política en Catamarca. Los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA pusieron en el centro de la atención pública la impunidad, la influencia indebida de la política en la Justicia Federal y el abuso de los fondos secretos del presupuesto de inteligencia.
Durante estos últimos años las víctimas han continuado con su protagonismo en la escena política argentina. Algunos se han incorporado a la escena político-partidaria, portando su historia personal en la arena electoral. Hay familiares de víctimas de distintos hechos (del pasado lejano y del pasado reciente) que han sido activistas por la Justicia en sus causas y que hoy son voceros y candidatos del oficialismo. En estos casos, pareciera, hay un convencimiento de que el apoyo a las banderas del Gobierno es la continuación de sus luchas anteriores por otros medios. Recientes polémicas mostraron un modo en el que la narración de la historia de las víctimas se amalgama con el discurso político.
El reciente accidente del tren Sarmiento volvió a poner de relieve a familiares de víctimas del accidente de Once del 22 de febrero de 2012. Ellos activan su causa desde entonces, recordando y reclamando justicia y políticas adecuadas. Estos familiares, al igual que muchos otros de distintos casos también del pasado lejano y del pasado cercano, enfocan su acción en el reclamo de instituciones y políticas públicas. No asocian su lucha a la adhesión u oposición a personas, gobiernos o partidos, sino a una agenda centrada en la construcción institucional. Un ejemplo en estos días lo dio María Luján Rey, la madre de Lucas Menghini Rey. Frente a la propuesta del ministro Randazzo de incorporar a los familiares al control de las obras de soterramiento del Sarmiento, Rey se negó, por carecer de las facultades técnicas y políticas necesarias, e insistió con un proyecto presentado hace meses por los familiares: la constitución de una comisión parlamentaria de seguimiento de las obras.
En lugar de una participación acotada al carácter de víctimas de un caso particular, los familiares reclaman el funcionamiento de las instituciones previstas por nuestro sistema democrático. El enriquecimiento ostensible de funcionarios y empresarios vinculados al transporte, el desvío de subsidios y la falta de inversión durante los últimos diez años es suficiente señal de que la ineficiencia, la arbitrariedad y la corrupción matan. Los familiares nos están diciendo que no quieren soluciones ad hoc, sino instituciones que funcionen. ¿Será posible que este activismo de las víctimas alumbre una agenda de consensos para la construcción institucional?
Investigador asociado, Centro de Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento (Cippec). @charosky
