Hace algunos días, miembros de la Gendarmería dispararon balas de goma –y, según se denunció, también de plomo– contra niños/as y adultos/as integrantes de una murga que ensayaba en la Villa 1.11.14 de la Ciudad de Buenos Aires. El resultado fue más de una decena de personas heridas, en un hecho sobre el que todavía queda mucho por aclarar.
No es novedad que la villa sea vista como una “zona caliente”. La construcción de estos espacios como sectores de la Ciudad donde es necesario que el Estado “entre” –como si formaran parte de una externalidad– se acentúa con las políticas de
seguridad desplegadas por distintas gestiones gubernamentales durante los últimos años. La concepción de fondo es que la villa es un territorio al que hay que ir “entrando” porque “el poder está en manos del narcotráfico y no del Estado”, como ha sostenido la ministra Bullrich, o porque son “un lugar peligroso, en donde se generan delincuentes”, como declaró el ex viceministro Berni en plena crisis por el Asentamiento papa Francisco.
En este sentido, el crecimiento de la presencia policial en la ciudad de Buenos Aires no tuvo una distribución equitativa, ya que las villas fueron el sector en el que se produjo la mayor concentración de estas políticas. Fuerzas como la Prefectura, la Gendarmería, la Policía Metropolitana y la Policía Federal conviven muchas veces en un mismo territorio. Sin embargo, los planes de intervención desplegados por ellas parecen estar destinados a la protección del resto de la Ciudad de la peligrosidad atribuida a las villas, y no a garantizar la seguridad de los vecinos que allí residen.
Focalizar la mirada sobre el problema de la inseguridad de la ciudad de Buenos Aires en los límites de la villa, además de habilitar un raid de violencia que podemos ver en noticias como las que en esta oportunidad recibimos del Bajo Flores, impacta de manera más determinante y a largo plazo. La estigmatización de sus habitantes provoca el distanciamiento cada vez más pronunciado de los vecinos del resto de la Ciudad y alimenta los discursos que sentencian que las villas son lugares para evitar y temer.
El uso de la fuerza estatal en las villas, que pretende legitimarse en el marco de políticas especiales de prevención del delito, sólo habilita una forma violenta de gobernar sobre los/as más pobres. El tratamiento que el Estado ofrece a la población económica, social y espacialmente más segregada es, por lo tanto, fundamentalmente punitivo, policial y carcelario, y no resuelve los problemas de fondo de estos territorios, su aislamiento y estigmatización. Como plantea el sociólogo francés Loïc Wacquant, se despliegan dos fuerzas correlativas: la atrofia del Estado social y la hipertrofia del Estado penal.
El problema de la violencia social –debería resultar obvio– no se resuelve añadiendo violencia estatal. Estigmatizar a los barrios populares sólo agrava la vulneración de derechos que padecen sus pobladores/as y genera las condiciones para que proliferen aquellos delitos que se pretenden combatir.
Es necesario que el Estado desarrolle políticas que se tomen en serio el abordaje de los problemas de la violencia, el narcotráfico y el delito en las villas, pero ello se resuelve con más –y no menos– derechos para sus habitantes. Esto implica, entre otras cosas, una urgente y activa política de integración socio-urbana de las villas –incluyendo el urgente cumplimiento de las leyes de urbanización– y la necesidad de revertir la discriminación estructural de quienes allí viven.
*ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
