Los argentinos necesitamos construir un proyecto de Nación que dé cabida a las ambiciones espirituales y materiales de todos los que habitamos este generoso espacio territorial. Esa construcción se debe hacer con valores que tienen que ver con la solidaridad, la participación y la transparencia. No podremos avanzar si seguimos tolerando que un 30 por ciento de nuestros compatriotas esté por fuera de la economía real, en una situación social muy angustiante. Ningún país ha tenido un desarrollo sustentable con semejante exclusión social. Por eso estamos trabajando para morigerar el impacto de la crisis que se sustenta en tres hechos que impactan en lo económico y en lo social: la falta de entendimiento del Gobierno nacional con el campo, la prolongada sequía y la crisis financiera internacional de alcance aún incierto. Por ese motivo, las respuestas a las crisis deben construirse desde un conocimiento profundo de la realidad del país y las necesidades de la gente. Generar canales de participación, que permitan la expresión de los pensamientos y una mayor integración del individuo con la sociedad, fomentando una adecuada articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ya no hay tiempo ni lugar para especulaciones, ni económicas ni políticas. Hay cinco valores que son indispensables para garantizar la dignidad humana: la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Si nos unimos a partir de estos valores, podemos tener aspiraciones reales de construir un país mejor. Debemos transitar el camino del cambio para pensar en un nuevo Estado. Un nuevo modelo basado en la solidaridad, la participación y la transparencia. Debemos comenzar a buscar con ideas, con propuestas, la concreción de ese nuevo Estado que garantice el diálogo entre lo público y lo privado. Si colocamos sobre la mesa del consenso los valores antes mencionados, podemos comenzar a pensar en la transición del qué al cómo para lograrlos. La renovación de la política debe sustentarse en el diálogo y la formulación de propuestas. Por eso hemos inaugurado en la provincia de Santa Fe la realización de asambleas ciudadanas, ámbito donde se construyó el Plan Estratégico que orienta nuestra gestión. Y también instrumentamos la convocatoria periódica a todos los sectores representativos de la producción y el trabajo, para decidir en conjunto el curso a seguir ante los acontecimientos más importantes, como la crisis del campo, o la adhesión al fondo instrumentado por el Gobierno nacional con el 30% de las retenciones a las exportaciones de soja. Como santafesinos, nos sentimos fortalecidos con las decisiones tomadas. Construimos propuestas y alternativas. Y se las hicimos llegar al Gobierno nacional como una contribución responsable de nuestra provincia a la búsqueda de una salida para los problemas del país. Estamos convencidos de que el problema hoy en la Argentina es la falta de confianza y de que se puede movilizar la economía si hay seguridad jurídica. De una situación crítica como la actual no se sale si primero no se reanima la economía. Para eso se requiere un shock de confianza. En pleno conflicto del campo, Santa Fe fue la única provincia que presentó un plan para la ganadería, la agricultura y la industria. Ante la profundización de la crisis, en febrero pasado, elevamos una propuesta de cinco puntos que contemplaba la defensa de las fuentes de trabajo y la revitalización del sector industrial; la definición de una canasta alimenticia constituida por productos básicos exentos de IVA y con precios referenciales; y la recomposición de los ingresos del sector agropecuario, suspendiendo por 180 días las retenciones de los cereales, oleaginosas, leche y carne, a fin de crear expectativas favorables de rentabilidad agropecuaria. Para la provincia de Santa Fe, y en buena parte también para la Nación, la agroindustria constituye la columna vertebral de la economía, y el concepto de “ruralidad” atraviesa a toda la sociedad. También propusimos coordinar y articular las medidas anticíclicas entre la Nación, la provincia y los municipios y comunas. Para viabilizar la adopción de estas medidas, fundamentalmente para compensar el costo fiscal de algunas de ellas, en marzo pasado presentamos a la Presidenta de la Nación una propuesta de pacto federal fiscal contra la pobreza, en defensa del trabajo y la producción nacional. Allí propusimos, entre otras medidas, que la desgravación de impuestos a los productos de la canasta básica y los medicamentos se compense con aumentos de gravámenes a los artículos suntuarios. Planteamos la derogación de todas las exenciones existentes sobre el impuesto a las ganancias, como las rentas derivadas de títulos, letras y obligaciones negociables. Sugerimos el incremento de los aranceles de importación extra Mercosur hasta los límites permitidos por los tratados vigentes, en defensa del trabajo y la producción nacional. Y un trabajo coordinado en materia tributaria para profundizar la lucha contra la evasión, el fraude, la elusión y la mora fiscal.
La superación de la crisis, que seguramente ocurrirá, no garantiza por sí misma la construcción de una sociedad mejor. El camino seguro para llegar a ese objetivo es el fortalecimiento de la calidad institucional y la profundización de la democracia. Es necesario levantar la mirada hacia un horizonte distinto, donde habitan otros valores. Allí está la Nación.
*Gobernador de la Provincia de Santa Fe.
(www.santafe.gov.ar)