Desde hace cuatro años, el crecimiento económico de la Argentina tiene como eje fundamental el fuerte incentivo a la demanda.
La coyuntura externa, a partir del crecimiento de China, India y Brasil, y una decisión de política económica, por la cual los salarios acompañan y aun superan (al menos en los últimos dos años) el incremento de los precios, permitieron a las empresas recuperar los niveles de producción de la precrisis e inclusive incrementarlos, esto además de ocupar gran parte de su capacidad instalada.
En ese marco, la Argentina y el futuro gobierno se encuentran en una encrucijada interesante.
La puja. Por un lado, no se deben frenar los altos niveles de crecimiento, porque sólo con ellos es posible ir resolviendo el grave problema de distribución del ingreso, y por el otro, la puja distributiva (o quién se queda con la parte más importante del crecimiento) conlleva una presión inflacionaria, que hasta el momento es controlable pero potencialmente peligrosa.
Es por ello que a partir del año que viene, –y siempre una afirmación de este tipo trae aparejado un riesgo importante–, se incentivará el ahorro (como forma de incrementar la inversión) en detrimento del consumo.
Además se trabajará sobre las expectativas inflacionarias mediante acuerdos de precios y salarios.
También se promoverá la inversión mediante incentivos fiscales.
El gasto público se mantendrá en los niveles actuales, dadas la necesidad de seguir recomponiendo los haberes del sector pasivo y la necesidad de obra pública capaz de sostener los mayores niveles de producción.
De esta manera, el crecimiento económico y los gravámenes a las exportaciones seguirán permitiendo cuentas públicas supervitarias.
Dólar. El mantenimiento del tipo de cambio alto (no sólo en relación con el dólar sino con el conjunto de la canasta de monedas que hacen a nuestro comercio exterior) es clave para cerrar el modelo económico de crecimiento sostenido.
De aquí en más, los deseos personales: desarrollar un plan de largo aliento que permita conocer las reglas de juego tanto jurídicas como económicas.
También hacer más eficiente el gasto público, lo que permitiría una mejor utilización del superávit fiscal y un proceso de distribución del ingreso que debería tener su fundamento en una apuesta fuerte en la educación. Las posibilidades están presentes y a la vista. Sólo hay que ponerse a trabajar.
*Universidad de San Andrés.