La desastrosa política llevada a cabo en los últimos años ha dejado el saldo exportable como única fuente de dólares para pagar deuda y financiar las importaciones necesarias para que la economía funcione. A la vez, los desincentivos y las restricciones para producir bienes exportables, sumados a un escenario internacional relativamente adverso (Brasil, el estancamiento europeo y la baja de los precios de algunos commodities), han frenado el crecimiento de las exportaciones.
En este contexto, la única alternativa disponible (descartado algo de endeudamiento externo, por el default) es reducir y racionar las importaciones para que “sobren” los dólares necesarios para pagar deuda, sostener las reservas en valores compatibles con la estabilidad macroeconómica e importar lo estrictamente ineludible. Controlar importaciones tiene efectos sobre el nivel de actividad, por la relación entre importaciones y PBI.
En síntesis, el Gobierno ha complotado para que en esta economía falten dólares, algo inexplicable cuando se consideran el potencial exportador de la Argentina, el stock de dólares de tenencia de los argentinos y la inversión extranjera directa que hubiera podido ingresar con un marco de incentivos adecuado. Y esa falta de dólares impide que la economía salga de la recesión. Porque la falta de dólares es la causa, y la recesión, la consecuencia.
Frente a este problema, la “solución” ha sido seguir peleando con el mundo y… ¡aumentar el gasto público en pesos, financiado con emisión del Banco Central! Faltan dólares para enfrentar el stock de pesos y reactivar la economía, y el Gobierno responde agregando más pesos contra los mismos dólares (o menos, por los pagos de deuda) y bajando los incentivos a tener los pesos al reducir la tasa de interés.
Por supuesto que, como existe el “corralito” del control de cambios, los pesos “no se van” de la economía sino que cambian de manos. Pero ese “cambio de manos” es un aumento del precio del dólar o de la tasa de inflación.
Resulta difícil entender la lógica de un esquema en el que un problema se soluciona “agravando el problema”. Es como combatir una indigestión por comida en mal estado comiendo más de la misma comida.
Insisto, como el problema de la economía argentina hoy es que hay pocos dólares para producir y crecer, agregar pesos no modifica este escenario por el lado de la oferta. A menos que esa mayor cantidad de pesos se volcara a demandar bienes y servicios de una manera que los propios empresarios ingresaran dólares para aumentar la producción y satisfacer la demanda con mayor cantidad y no con mayores precios.
Obviamente, para que los receptores de pesos salgan a consumir en lugar de ahorrar en dólares, deberían tener la expectativa de que su trabajo y su situación personal mejorarán en el futuro. Y para que los empresarios estuvieran dispuestos a traer dólares para financiar sus importaciones y aumentar la producción deberían tener la expectativa de que, cuando vendan la mercadería, van a poder recuperar los dólares utilizados para comprar sus insumos y obtener cierta ganancia. Keynes definía este escenario de las expectativas como un “estado de confianza”.
Ahora bien, utilizar la Ley Antiterrorista para denunciar una quiebra fraudulenta y llevar a una ley lo que “de facto” se hizo en estos años desde la Secretaría de Comercio no parece compatible con el objetivo de generar “un estado de confianza”. En otras palabras, también aquí el Gobierno ha “complotado” contra una recuperación del nivel de actividad.
Finalmente, la idea de “empoderar al consumidor” ya estaba presente en las leyes actuales de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. Leyes que el Gobierno, sistemáticamente, ignoró en todos estos años.
Además, el consumidor no sólo consume bienes privados: consume también bienes y servicios brindados por el Estado. Empoderar al consumidor contra los empresarios privados y “desempoderarlo” contra el Estado no parece ser la mejor forma de protegerlo y defenderlo.
Que un consumidor pueda exigir o litigar contra los privados para “equilibrar el poder” suena razonable en dosis adecuadas. Que no pueda hacer lo mismo cuando el servicio o el bien se lo brinda el Estado suena a una estafa.
Los ciudadanos no sólo pagamos precios sino que, principalmente, pagamos impuestos.
