El permanente debate entre “garantismo” y “corporación”, según la descalificación con que cada bando se refiere al contrario al polemizar sobre el flagelo de la inseguridad, encierra una falacia que daña a la sociedad.
Así, mientras esa corriente doctrinaria que tiene raíces en la reacción contra la represión ilegal de los 70, pregona la flexibilización de las penas por su supuesta ineficacia en la disuasión de aquellos que delinquen por necesidad, quienes reclaman el agravamiento de las sanciones apuestan a revertir la situación adoptando el camino inverso.
Sólo por circunstanciales razones de la pasión que la razón no entiende, los militantes de la Justicia “zaffaronista” afirman que el castigo es una “solución irracional” frente al delito, y fundan semejante aserción en que quienes delinquen son excluidos. Y allí es justamente en donde todos podemos coincidir, ya que el auge de la delincuencia de estos últimos tiempos, más allá del aporte nefasto de la droga en la consumación de muchos de los crímenes, se relaciona con la imposibilidad del Gobierno de incluir a quienes se multiplican en sintonía con el aumento de la pobreza.
Es la confluencia de ambos criterios antagónicos en un punto tan crucial, lo que debe obligar a considerar a las cárceles como medios de “inclusión”, que le permitan a la sociedad apartar de su seno a los delincuentes violentos y a estos contar con el sustento alimentario del Estado, quien debe además aportar una política penitenciaria que permita la rehabilitación de aquellos que puedan ser recuperables.
Ante semejante coincidencia argumental, y la emergencia que padecemos por la inseguridad, es secundario y anacrónico el debate sobre los montos de las penas, que se transforma en un contrasentido mediante el cual el oficialismo y gran parte de la oposición terminan ignorando las soluciones coyunturales que reclaman los ciudadanos.
Lejos entonces de ser prioritaria la reforma del Código Penal, los que deben modificarse en aspectos fundamentales son los códigos de procedimientos penales nacional y provinciales, que han abierto el camino para que los jueces liberen a delincuentes peligrosos, con excarcelaciones muchas veces fundadas en criterios subjetivos carentes de datos y de una evaluación razonable.
El otorgamiento de tales prerrogativas, a la luz de la cantidad y gravedad de los hechos, importa entonces un exceso de atribuciones a magistrados que, en la mayoría de los casos, tienen un contacto nulo con acusados que son indagados por los fiscales por la delegación de la instrucción. Ninguna evaluación sobre la peligrosidad o riesgo de fuga, como criterios de mensura para otorgar la libertad, puede resultar seria.
Ello exige entonces que sea la ley quien marque el camino, imponiéndose una reforma que establezca que los beneficios de excarcelación o de eximición de prisión, sólo puedan ser otorgados a procesados o imputados por delitos cuyos mínimos no alcancen los tres años, término que marca la línea divisoria entre las penas de cumplimiento efectivo o condicional.
De ese modo el principio de “presunción de inocencia”, que eterniza al libertinaje hasta que la Corte Suprema confirme la condena, debe en consecuencia ceder ante la semiplena prueba sentenciada por un juez y una Cámara de Apelaciones, avalada por la acusación de los fiscales de ambas instancias. De ahí en más, la lentitud con la que se arriba al juicio oral deberá ser materia a corregir, en un sistema judicial que funcione en sintonía con la dramática realidad que nos toca vivir.
El debate debe correrse de lugar, ya que todos coincidimos en que el auge de la delincuencia es por la falta de inclusión. Para saciar al “hambre homicida”, lamentablemente sólo existen cárceles cuyo funcionamiento debe ser mejorado, utilizándose para ello a parte del presupuesto desviado hacia la propaganda oficial, que supera ampliamente al destinado a combatir a este flagelo.
Deberán los legisladores provinciales y de la Ciudad Autónoma sancionar leyes procesales, que terminen con la imprudencia de los jueces que auspician las “puertas giratorias”, delegación que el propio gobierno nacional ya ha propiciado al pronunciarse sobre su incompetencia en materia de seguridad.
*Abogado. Especialista en seguridad y justicia de la Fundación Bicentenario.
