A lo largo de las dos horas que duró la entrevista que le realizó Luis Novaresio a Cristina Fernández de Kirchner quedaron expuestas sus actitudes manipuladoras, la selectividad de sus recuerdos y de su apreciación de la realidad, su carencia de autocrítica, sus contradicciones y sus falacias. Su Hubris no ha cambiado en lo más mínimo. Cuando, hace unos años, quien esto escribe le preguntó a uno de los médicos de nota que atendieron a la ex presidenta de qué hablaba en la conversación cotidiana, su respuesta fue categórica: “Cristina habla sólo de ella y de su percepción de la realidad; la de los demás no importa”. Es lo que se vio y se escuchó en la tarde del jueves último. De las muchas cosas que dijo, nos detendremos aquí sólo en tres.
Perlitas. La primera fue cuando señaló que si ella fuera un factor de división del peronismo se autoexcluiría de la candidatura presidencial en 2019. En verdad, esa afirmación dejó en claro dos cosas: una, que su real voluntad es volver a la presidencia, objetivo para cuya concreción el triunfo en la elección de octubre es clave; la otra, su apreciación distorsionada de la realidad; ¿quién, si no ella, es la principal responsable de que no haya hoy la unidad en el peronismo bonaerense por la que ahora clama y que necesita? “Las encuestas nos dicen que ganamos con el 50% de los votos” fue la respuesta que, a manera de negativa, obtuvo Florencio Randazzo cuando le pidió a CFK ir a una interna, según declaró el senador Juan Manuel Abal Medina en una entrevista por Radio Continental.
La segunda respuesta sobre la que nos detendremos fue cuando, al ser interrogada por el caso Venezuela, dijo que en la Argentina no hay Estado de derecho y tomó como uno de los casos para dar fundamento a su inexacta afirmación el referido a las intenciones del gobierno de Mauricio Macri de desplazar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Olvidó –como olvidó a las 51 personas fallecidas en la Tragedia de Once, y como olvidó también decir que la patota que asesinó a Mariano Ferreyra respondía a José Pedraza, hombre de cercanía con su gobierno, en una zona liberada por la Policía Federal– mencionar el caso del desplazamiento del ex procurador Esteban Righi. Vale la pena recordar el hecho que nos retrotrae al caso Ciccone, que en poco tiempo más tendrá en el banquillo de los acusados a Amado Boudou.
Todo comenzó el 4 de abril de 2012 con un allanamiento ordenado por el fiscal federal Carlos Rívolo en un departamento del piso 25 del edifico ubicado en Juana Manso 740, en las torres River View, propiedad del entonces vicepresidente, que le alquilaba Alejandro Vandenbroele, uno de los acusados en este escándalo por haber estado a cargo de la planificación de la maniobra que buscó sacar de la quiebra a Ciccone. En el procedimiento se encontraron evidencias documentales –pagos de expensas– que pusieron al descubierto las relaciones entre ambos. Recuérdese que Boudou negaba conocer a Vandenbroele. El día en que se realizó el allanamiento, el vicepresidente se encontraba en San Carlos de Bariloche con CFK.
Furioso ante este hecho, el 5 de abril de 2012 –Jueves Santo–, en una sonada conferencia de prensa que dio en el Congreso, el entonces vicepresidente acusó a Righi de estar relacionado con el hecho del allanamiento como represalia por no haber contratado a su estudio en ocasión de una oferta que dijo le habían hecho durante su desempeño en la Anses y como ministro de Economía, para “aceitar” a jueces federales.
Righi, que había sido designado como procurador general de la Nación por el ex presidente Néstor Kirchner el 23 junio de 2004, negó que esto hubiera sido así. La reunión existió y, según narran sus allegados, se hizo a pedido expreso de Boudou. El entonces procurador reaccionó con indignación y, conocedor de la trastienda política y de los personajes del momento, comprendió rápidamente que Boudou jamás podría haber dicho lo que dijo sin el apoyo de la ex presidenta. Por lo tanto, renunció.
No se recuerda que CFK haya hecho algo para apoyarlo ni dicho que semejante reacción de su vice era ultrajante para el Estado de derecho. Era claro que él hubiera pretendido que el procurador frenase la investigación del fiscal.
Por otra parte, si hay algo que ha protegido a Gils Carbó de ser removida de su cargo más allá de los deseos del Gobierno, es la plena existencia de un Estado de derecho.
CFK tampoco se acordó de mencionar la brutal embestida contra el fallecido ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, a quien, como a tanta otra gente que no se le sometía, detestaba. A Fayt, un magistrado a quien mucho le debe la República, se lo intentó remover a través de un juicio por insania.
Cuando habló de la libertad en su gobierno –en verdad es un todo que abarca al de su difunto esposo–, olvidó también mencionar hechos que la desmienten absolutamente. Al siempre recordado Pepe Eliaschev se lo echó de Radio Nacional por orden expresa de Néstor Kirchner. Luis Juez fue testigo presencial de esa orden.
A PERFIL, el ex presidente buscó ahogarlo económicamente para lograr su cierre. Lo hizo a través no sólo de la supresión de la publicidad oficial sino también de la presión sobre las empresas privadas para que no anunciaran en el diario.
La Ley de Medios tuvo como único objetivo la destrucción de Clarín y, específicamente, de TN. A Daniel Hadad lo forzaron a vender su grupo de radios y el canal C5N a Cristóbal López, quien no bien concretó la compra dispuso el despido de Marcelo Longobardi, el líder de la primera mañana radial, por expreso pedido de CFK. También se utilizó la AFIP para perseguir a los periodistas a los que la ex presidenta detesta –entre los que estamos–.
Todas éstas son muestras de lo que fue un gobierno intolerante y autoritario.
Ante tantos “olvidos”, me permito un humilde consejo a quien va a ser nuevamente senadora de la Nación con aspiraciones presidenciales: tal vez no le vendría mal una consulta con el doctor Facundo Manes, especialista en temas de memoria de renombre internacional, que supo ser uno de sus muy buenos médicos.
Producción periodística: Santiago Serra.
