La corrupción causa muertes. La corrupción produce inseguridad. Aun cuando estas explicaciones causales parezcan exorbitantes en contextos ordinarios, en la realidad argentina resultan ser verosímiles. Detrás de las tragedias ferroviarias de Once y Castelar, por ejemplo, no existió sólo un sistema de trenes en mal estado, sino toda una trama de corrupción entre contratistas, Estado y organismos de contralor. Tampoco hace falta escarbar demasiado en la problemática del narcotráfico para encontrarse con productores y vendedores de drogas que operan con la venia de la policía y de la política. Entre las innumerables hipótesis que intentan explicar la muerte del fiscal Alberto Nisman también aparecen conexiones con sectores políticos, organismos de inteligencia y poderes del Estado. Vista la corrupción con esta luz, parece ser que ya no se trata de un problema que “explota” lejos de la ciudadanía, algo que no incide directamente sobre nosotros. La percepción social parece ser otra: la corrupción afecta la realidad cotidiana de cada argentino.
En este contexto resultan sorprendentes y hasta poco entendibles las escasas y tímidas referencias a la lucha contra la corrupción que han hecho hasta ahora los precandidatos presidenciales, como si no lo consideraran un problema prioritario en la Argentina de hoy. Hasta aquí los diversos espacios políticos se han jactado de contar con baterías de medidas para salir del cepo cambiario y para solucionar otras aristas de la crisis económica. Igualmente, aunque con mucha más improvisación y menos precisiones, dicen contar con un plan para atacar el tráfico de drogas y la inseguridad. ¿Qué pasa con la corrupción? Hasta ahora las respuestas parecen más bien espasmos críticos frente al oficialismo que reacciones meditadas que respondan a una política global de lucha contra la corrupción. Los sectores peronistas no oficialistas han guardado hasta ahora un preocupante silencio, siendo quizá la propuesta más visible la acercada por el Frente Renovador, con medidas tales como la apropiación de bienes, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y el juicio por residencia. Posiblemente sea UNEN el espacio político que más haya traído al debate el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción, proponiendo, además de la imprescriptibilidad, la creación de una Conadep de la corrupción, aunque sin que ello parezca todavía responder a una política anticorrupción articulada. Por su parte, todavía se espera un pronunciamiento con medidas concretas del PRO que vaya más allá de la condena pública de los hechos de corrupción que salpican al oficialismo, del mismo modo que preocupa (aunque no sorprende) que el tema brille por su ausencia en las apariciones públicas de los candidatos del Frente para la Victoria.
Este panorama da lugar a todo tipo de especulaciones: ¿es real el compromiso con la transparencia? ¿Cuentan con un plan global anticorrupción? ¿Se está esperando el momento preciso para su anuncio? ¿Habrá “pactos de impunidad” con el gobierno saliente? La aclaración de estos interrogantes resulta impostergable en la Argentina de hoy, donde no sólo la economía y la seguridad, sino también la transparencia, deben ser prioritarias en cualquier agenda política, además de que cada una de estas asignaturas precisa un programa específico. El mensaje de desasosiego, miedo, indignación y tristeza que deja la muerte del fiscal Nisman debe interpretarse como un grito que reclama prestar seria atención a la lucha contra la corrupción. En definitiva, cualquier candidato presidencial deberá saber leer que el espíritu de la época les demanda hoy la vuelta a la institucionalidad, al igual que en 1983 reclamaba la vuelta a la democracia y al respeto de los derechos humanos.
*Profesor de Derecho Penal y director del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.
