La gravísima crisis social de fines de 2001 se ha transformado, por su profundidad y sus consecuencias políticas, en una referencia obligada a partir de la cual analizar la situación laboral y sindical de la Argentina del nuevo milenio.
En aquellas oscuras jornadas, donde la calle expresaba con toda crudeza las disputas cuerpo a cuerpo de pobres contra pobres, los indicadores sociales desnudaban la peor crisis que recuerda nuestro país.
Nunca hubo tantos desocupados, tantos puestos de trabajo clandestinos, tantos trabajadores bajo el nivel de pobreza y tantos argentinos sumidos en la indigencia.
Desde aquellas trágicas jornadas hasta hoy, la Agenda de los Trabajadores se ha mantenido prácticamente sin modificaciones. Para reparar tantas injusticias reclamamos, en un principio, asistencia social, salud, trabajo digno y negociación colectiva.
La normalización institucional, el crecimiento económico y las políticas públicas, junto con el accionar responsable y firme de las organizaciones sindicales, permitieron superar la emergencia y disminuir, en parte, tantas desigualdades.
Tras varios años de avances significativos en materia económica, el movimiento sindical entendió que era necesario adoptar medidas de fondo que mejorasen sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores.
Reclamamos entonces, incansablemente, diálogo y participación en el diseño de políticas públicas.
Como respuesta, el Gobierno alentó y propició la división del movimiento obrero con la finalidad de debilitar la fortaleza sindical y no atender los pedidos.
Así, la agenda sindical se transformó poco a poco en un conjunto de reclamos postergados, a los que la inflación descontrolada, los intolerables índices de trabajadores clandestinos, la incipiente recesión económica y el estancamiento de la creación de nuevos empleos la ha tornado en imprescindible e impostergable.
Reclamamos: un plan antiinflacionario que permita sostener el poder de compra de los salarios, un aumento de emergencia para todos los jubilados, el adecuado financiamiento del sistema de salud, la suba significativa y actualización automática del mínimo no imponible para el pago del impuesto a las ganancias (proyecto de ley presentado por el Frente Renovador), la universalización de las asignaciones familiares, la actualización de los valores de las asignaciones no contributivas (AUH), la normalización de los organismos de la seguridad social y un plan que garantice la seguridad ciudadana.
Este conjunto de decisiones políticas debe ser el fruto del diálogo concertado con todos los sectores sociales.
La falta de respuestas de un gobierno encerrado en un laberinto retórico, que percibe los acuerdos como signos de debilidad, que confunde discurso con gestión y que no reconoce los problemas más evidentes, generó las condiciones necesarias para que la protesta se exprese con toda claridad.
La unidad sindical, no sólo en la acción, sino fundamentalmente programática, debe ser el objetivo inmediato de todos los sectores del movimiento obrero.
Sólo del debate orgánico de los sindicatos surgen los consensos necesarios para adoptar un plan de lucha. Las parcialidades no alcanzan para expresar al conjunto, y las diferencias debilitan el poder sindical.
Los enemigos históricos y actuales del sindicalismo exacerban los personalismos, con la pretensión de transformar los verdaderos reclamos de los trabajadores en consignas oportunistas.
Los intereses de los trabajadores se han mantenido inalterables en el tiempo, la forma de expresarlos y su oportunidad deben ser el fruto del debate del conjunto del movimiento obrero, pero la injusticia social debe ser reparada con urgencia.
El deterioro indisimulable del poder de compra del salario, de las jubilaciones y de las asignaciones sociales no contributivas por efectos de la inflación y la devaluación de la moneda no puede soslayarse.
La crisis de todos los institutos de la seguridad social, por falta de presupuestos adecuados, debe ser reparada en forma inmediata.
La seguridad ciudadana debe transformarse en una verdadera política de Estado, que trascienda los planes de gobierno de todos los partidos.
No aceptamos debatir la legitimidad del paro ni sus alcances, queremos debatir la Agenda de los Trabajadores, que todavía sigue pendiente.
*Diputado nacional del Frente Renovador. Secretario General de ATSA-BS.AS y secretario adjunto de F.A.T.S.A..
