En una república normal con una dirigencia normal, los avatares opositores, en particular los del Frente Amplio UNEN, sus idas y venidas, declaraciones y desmentidos, abrazos y acusaciones, portazos y puertas giratorias serían los propios de un conglomerado que va del liberalismo a la socialdemocracia y discute el programa de un gobierno “de salvación nacional”, ante la evidencia de un nuevo desastre provocado por el populismo peronista.
Con las diferencias del caso (todo ha ido empeorando), en 1955 ocurría algo así, pero entonces derechas e izquierdas acudieron a los militares, con los resultados conocidos. En 1976 ocurrió lo mismo y lo volvieron a hacer (recordar Ricardo Balbín, Américo Ghioldi, el Partido Comunista), aunque el llamado esa vez no fue explícito y suscitó divisiones.
Ahora llevamos treinta años ininterrumpidos de elecciones –que no de democracia republicana–, con lo que en 1999, cuando volvió a ocurrir lo mismo, se formó un frente electoral de “centroizquierda” que, a falta de diagnóstico y programa, acudió al ministro de Economía de la dictadura y del gobierno peronista anterior, con lo que acabó asumiendo, pasmado, la crisis de 2001.
En este tiempo se han realizado siete elecciones presidenciales –además de municipales, legislativas y provinciales– y se ha modificado la Constitución Nacional. Hubo algunas asonadas militares; un vicepresidente de la República renunció después de denunciar un grave caso de corrupción en el Senado de la Nación; otro, el actual, enfrenta varios procesos judiciales por corrupción sin moverse de su sitio en el Ejecutivo ni en la presidencia del Senado. Uno de los presidentes debió abandonar su puesto meses antes de lo establecido a raíz de una explosión inflacionaria; otro huyó en helicóptero de la Casa de Gobierno a causa de una grave crisis financiera, y uno de sus sucesores (hubo cuatro en menos de un mes, hasta que el último pudo organizar nuevas elecciones) renunció debido a un complot de palacio. La actual presidenta, cuyo entorno más próximo está siendo investigado por presunto lavado de dinero en gran escala, llamó “carancho judicial” al juez de la causa.
En 2001, el país entró en default. Ahora se encuentra prácticamente aislado del crédito internacional a causa del fallo de un juez estadounidense, en la situación de “cumplir” de algún modo ante mafiosos de la especulación mundial sin verse obligado a aplicar el mismo tratamiento a los antiguos acreedores. La deuda externa es de 140 mil millones de dólares (30% del PBI), y si se suma la deuda interna, supera los 220 mil millones. La inflación ronda el 40% anual y la economía está en recesión desde 2013. Se ha perdido la autonomía energética. Los datos de empleo, pobreza, miseria absoluta, vivienda, servicios sociales, etc., varían según las fuentes, pero cualquier promedio da por resultado un país muy atrasado e injusto. Los índices de corrupción y criminalidad han alcanzado niveles paroxísticos.
Se trata, pues, de romper lo que podría considerarse un círculo vicioso, pero que en realidad es una espiral que conduce directamente no ya a la violencia política, sino al puro caos homicida, a la mexicana. Cualquiera que considere esto excesivo no tiene más que recordar las explosiones de Río Tercero, las valijas de cocaína que viajan solas a Europa, los 900 kilos de cocaína pura decomisados en Barcelona y cargados en la Base Aérea de Morón, administrada por la Fuerza Aérea y el Estado. El juez Oyarbide; el funcionamiento del Consejo de la Magistratura; los hoteles-casino propiedad de sindicalistas y empresarios de la política; la corrupción policial…
¿Tiene la oposición idea de lo que todo eso representa a la hora de gobernar? ¿De la relación íntima entre economía, institucionalidad, datos sociales, violencia política y social?
El peronismo, en cualquiera de sus versiones –Scioli, Massa, el Frente para la Victoria, el sindicalismo oficial y “opositor”, los grupos de choque estilo D’Elía, Rosario Sala y ainda mais–, lo tiene claro. Tal como lo tuvo a la hora de apoyar todos los golpes de Estado militares que no iban en su contra, o de crear organizaciones criminales como la Triple A (que, por cierto, no está incluida en la política de “derechos humanos” del actual gobierno). Al que gane, facturas a cobrar y pleitesía. Si no paga, guerra sin cuartel. En cuanto al país y su gente, el primero es un coto de caza; lo segundo, ganado para arrear.
Pero la oposición dice que quiere acabar con todo eso; tal como lo decía la Alianza de De la Rúa y Alvarez en 1999 y lo dicen ahora Macri, Sanz, Cobos, Binner, Solanas, Carrió. ¿Y cuál es la propuesta para concretar esas buenas intenciones? Nada. En todo caso, nada preciso, coherente, articulado.
¿Conoce usted, ciudadano, el plan económico de corto, mediano y largo plazo de alguno de esos sectores de la oposición? ¿Le han dicho qué harán con la fiscalidad, la deuda, la producción, los privilegios de las multinacionales y el sector financiero? ¿Qué harán ante el narcotráfico, además de “luchar”? ¿Habrá una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que acabe con la hegemonía mafiosa del sindicalismo peronista y la corrupción empresarial? ¿Cómo acabarán con el negocio y la violencia de las barras bravas del fútbol? ¿Se pagará el 82% móvil a todos los jubilados? ¿Se declararán imprescriptibles los casos de corrupción? ¿Cómo se desactivará el actual entramado mafioso del Poder Judicial? ¿Se auditarán organismos del Estado como la Anses, o el Estado en su conjunto, para limpiarlos de patanes, corruptos e incompetentes instalados allí desde hace décadas? Sólo en esta última, La Cámpora incorporó decenas de miles… Y siguen las preguntas, sin respuesta coherente del liberal-macrismo, o de los liberales y socialdemócratas del Frente Amplio UNEN.
Ante una situación nacional de extrema gravedad, no los une el amor ni el espanto borgeanos, sino sólo la ambición de ganar las elecciones.
Después veremos.
*Periodista y escritor. Acaba de publicar, junto a Mario Bunge,
¿Tiene porvenir el socialismo? (Eudeba).
